96 P.R. Dec. 803 | Supreme Court of Puerto Rico | 1968
emitió la opinión del Tribunal.
El Administrador Hípico de Puerto Rico impuso una multa de $500.00 al peticionario y le retiró la aprobación que le diera a la designación para actuar como apoderado de Enrique Ubarri Acosta. La acción del Administrador Hípico se fundó en que el peticionario incurrió en una prác-tica indeseable al agredir al Veterinario Oficial por haber éste suspendido un ejemplar propiedad de Ubarri Acosta.
El peticionario apeló ante la Junta Hípica impugnando la actuación del Administrador por el fundamento de que éste no celebró previamente una vista. La Junta, previa notificación al efecto, celebró una vista a la cual compareció el peticionario asistido de su abogado. En dicha vista el Ad-ministrador Hípico practicó prueba testifical y documental para demostrar justa causa. El peticionario contrainterrogó los testigos de la recurrida pero no presentó prueba testi-fical,
La contención del peticionario esencialmente descansa en la premisa de que la Ley Hípica o las exigencias del debido procedimiento requieren la celebración de una vista por el Administrador. No tiene razón. Ni la Ley Hípica ni su Reglamento requieren del Administrador la celebración de una vista para el retiro de la designación de un apoderado. Tampoco el debido procedimiento requiere que la vista sea necesariamente ante el Administrador.
El Art. 7 de la Ley Hípica dispone que para la cance-lación de las licencias otorgadas por el Administrador, éste deberá dar a la persona perjudicada la oportunidad de ser oída en su defensa. 15 L.P.R.A. sec. 187. El Administrador, por disposición de dicho artículo, otorga licencia para due-ños de caballo, jinetes, entrenadores, cuadreros o cualquier otro tipo de licencia en relación con el deporte hípico, con excepción de la licencia de los hipódromos,
No es necesario decidir si la garantía constitucional de un debido procedimiento de ley requiere la celebración de una vista para el retiro de la aprobación de la designación de un apoderado. Ello es así porque se celebró la vista ante la Junta Hípica, cuerpo imparcial que le garantizó al peticionario la oportunidad de ser oído, de contender los fundamentos del Administrador, de examinar testigos y de presentar prueba. Él aprovechó parcialmente esa oportunidad argumentando sus contenciones legales, contrainterrogando
No tiene méritos la contención del peticionario de que el debido procedimiento de ley requiere que la vista se celebre ante el Administrador y no ante la Junta Hípica. El debido procedimiento de ley no necesariamente requiere vista ante un funcionario específico o en la etapa inicial de los procedimientos. Opp Cotton Mills v. Administrator, 312 U.S. 126 (1940). Basta que la vista se celebre — como se celebró en este caso — en alguna etapa de los procedimientos antes de que la orden o decisión del Administrador sea final. Nickey v. Mississippi, 292 U.S. 893 (1934); Davis, The Requirement of Opportunity to Be Heard in the Administrative Process, 51 Yale L.J. 1093; Davis, Administrative Law Treatise, § 7.10 (1958). Cf. Belmonte v. Mercado Reverón, Admor., 95 D.P.R. 257, 261 (1967).
Se anula el auto expedido y se confirma la sentencia dic-tada por el tribunal de instancia.
E1 Art. 1001 del Reglamento Hípico establece en su inciso 18 como práctica indeseable la siguiente:
“18 — Reñir, alterar la paz, escandalizar o conducirse en forma indea-seable e impropia en los terrenos del hipódromo.” 15 R.&R.P.R. sec. 186-1001.
De la minuta de la vista ante la Junta Hípica se desprende, sin embargo,' que el peticionario practicó prueba documental.
E1 Art. 7 en lo pertinente lee:f
“El Administrador . . . tendrá, . . . poderes para:
(2) Otorgar, suspender temporalmente o cancelar permanentemente las licencias de dueños de caballos, jinetes, entrenadores, cuadreros o cual-quier otro tipo de licencia en relación con el deporte hípico, con excepción de las licencias de los hipódromos . . . ; Disponiéndose, que para can-celar permanentemente cualquiera de dichas licencias, el Administrador deberá dar a la persona perjudicada la oportunidad de ser oída en su defensa por sí o por medio de un abogado.”
Una disposición similar contiene el Art. 221 del Reglamento Hípico:
“Toda licencia otorgada por el Administrador podrá ser suspendida temporalmente o cancelada por éste por justa causa; disponiéndose, que para cancelar una licencia deberá hacerlo mediante querella o dando al beneficiario la oportunidad de ser oído en su defensa, por sí o por medio de abogado.” 15 R.&R.P.R. sec. 186-221.
“Cuando el dueño haya designado un apoderado, sólo este último podrá ejercitar los derechos, facultades y privilegios que la licencia de dueño confiere y reconoce; disponiéndose, que el dueño podrá actuar si el apoderado no está presente.”
E1 Art. 228 dispone:
“El dueño podrá ser representado por un apoderado, cuya designa-ción deberá tener la aprobación del Administrador quien podrá retirarla por justa causa.”
Véase escolio (3).