30 P.R. Dec. 274 | Supreme Court of Puerto Rico | 1922
emitió la opinión del tribunal.
La demanda presentada en este caso en la Corte Municipal de Aguadilla por Víctor Sosa contra José Cardona Pi-quet y contra Alberto Gutiérrez alega sustancialmente que el demandante es comerciante en tabaco; que es dueño de vein-titrés rollos de tabaco hilado, valorados en $460, que forman parte de dos compras de ese artículo que hizo en Isabela el 15 de agosto y a mediados de noviembre de 1918 en plaza publica a Alberto Gutiérrez; que el 31 de diciembre de 1918 la policía, por orden de José Cardona Piquet, ocupó dichos veintitrés rollos de tabaco privando ilegalmente al deman-dante de su posesión y poniéndolos a disposición del deman-dado José Cardona Piquet quien a su vez los dejó en pose-sión del Fiscal del Distrito de Aguadilla para ser usados como prueba en causa criminal contra Alberto Gutiérrez por robo de cuarenta y cinco rollos de tabaco a José Cardona Pi-quet y que éste se niega a entregarle los veintitrés rollos de tabaco. Después de otras alegaciones que no necesitamos consignar pide a la corte declare que esos veintitrés rollos de tabaco pertenecen exclusivamente al demandante y ordene que le sean entregados con cierta cantidad de dinero por diferencia de precio, y que si no es posible la devolución por-que el demandado haya dispuesto de él que le abone $460 y las costas.
El demandado Alberto Gutiérrez no compareció en este pleito que fué seguido en su rebeldía pero José Cardona Pi-quet hizo una negación general y específica de todos los he-chos de la demanda.
La corte inferior llegó en su opinión escrita para fundar su sentencia a las siguientes conclusiones de hecho: “Que el demandado, José Cardona Piquet, en diciembre de 1918 dió cuenta a la policía de Isabela de que le habían hurtado unos rollos de tabaco hilado en su establecimiento. Que como resultado de la investigación de la policía fueron encontra-dos veintitrés rollos del dicho tabaco hilado en el estableci-miento del demandante, Víctor Sosa, en Río Piedras, de donde fueron trasladados y depositados en la fiscalía de esta corte a disposición del fiscal, como prueba en el caso que se sigue por El Pueblo de Puerto Rico contra Alberto Gutiérrez por el robo de dichos efectos. Que el demandante adquirió los dichos rollos de tabaco hilado de Alberto Gutiérrez, su cu-ñado, y no por compra en la plaza pública del pueblo de Isa-bela * * * Sigue la corte diciendo que se trata de una acción reivindicatoría de propiedad mueble, que no se dirige contra el tenedor o poseedor del artículo que se trata de reivindicar, que en este caso es el fiscal, y luego agrega: “Pero pasando por alto esta cuestión y analizando la prueba encontramos que el tabaco no fué identificado por el deman-dante ni por ninguno de sus testigos y, además, la veracidad de Alberto Gutiérrez, cuñado del demandante, fué impug-nada con una declaración jurada por ante el fiscal Rivera Layas * *
Alega el apelante como primer motivo para que revoque-mos la sentencia apelada que la corte inferior cometió ma-nifiesto error al apreciar la prueba, y se funda en que des-pués de haber declarado probado que “como resultado de la investigación de la policía fueron encontrados veintitrés ro-llos del dicho tabaco hilado en el establecimiento del deman-dante * * * ” declara también la corte que “el tabaco
No bay duda de que el tabaco que estaba en poder del fiscal al celebrarse el juicio en este pleito quedó identificado como el mismo que fué ocupado al demandante, pero la con-tradicción en que incurrió la corte inferior en este extremo no es demostración de que cometiera error manifiesto en la' apreciación de la prueba pues el examen que bemos becbo de la que se presentó en el juicio nos convence de que las conclusiones dél juez son acertadas.
El segundo motivo del recurso dice así:
“La corte inferior cometió manifiesto error en la interpretación y aplicación de la ley del caso y la jurisprudencia pertinente al mismo.”
Si bien la corte inferior declaró sin lugar la demanda porque entendió que la acción no estaba dirigida contra el poseedor, que estimó ser el fiscal, y porque el demandante no acreditó el dominio del tabaco, pues la declaración de Alberto Gutiérrez, quien dice que se lo vendió, fué impug-nada, sin embargo en este recurso se sostiene que el deman-dante tiene derecho a recobrar el tabaco que reclama de acuerdo con el artículo 466 del Código Civil, aunque baya sido sustraído a Cardona, porque lo compró en plaza pú-blica. En la demanda se alegó, como bemos dicho, que fué ocupado en la causa criminal que se sigue a Alberto Gu-tiérrez por robo de tabaco Miado a José Cardona Piquet y también que el demandante lo compró en plaza pública.
El artículo citado dice así:
“Artículo 466. — La posesión de los bienes muebles adquiridos de buena fe equivale al título. Sin embargo, el que hubiese perdido una cosa mueble o hubiese sido privado de ella ilegalmente, podrá reivindicarla de quien la posea.
“Si el poseedor de la cosa mueble perdida o sustraída la hubiese*278 adquirido de buena fe en venta pública, no podrá el propietario obtener la restitución sin reembolsar el precio dado por ella.
“En cuanto a las cosas adquiridas en la bolsa, feria o mercado, o de un comerciante legalmente establecido y dedicado habitualmente al tráfico de objetos análogos, se estará a lo que dispone el Código de Comercio.”
El artículo del Código de Comercio a que se refiere el anterior precepto es como sigue:
“Artículo 85. — La compra de mercaderías en almacenes o tien-das abiertos al público, causará prescripción de derecho a favor del comprador respecto de las mercaderías adquiridas, quedando a salvo en su caso los derechos del propietario de los objetos vendidos para ejercitar las acciones civiles o criminales que puedan corresponderle contra el que los vendiere indebidamente.
“Para los efectos de esta prescripción, se reputarán almacenes o tiendas abiertos al público:
“Io. Los que establezcan los comerciantes inscriptos.
“2o. Los que establezcan los comerciantes no inscriptos, siempre que los almacenes o tiendas permanezcan abiertos al público por es-pacio de ocho días consecutivos, o se hayan anunciado por medio de rótulos, muestras o títulos en el local mismo, o por avisos repar-tidos al público o insertos en los diarios de la localidad.”
En vista de las disposiciones citadas y toda vez que Car-dona declaró que le habían sido sustraídos treinta y cuatro rollos de tabaco hilado de su establecimiento, sobre cuyo ex-tremo nada en contrario aparece en la prueba ni se dice en este recurso, y cuyo testimonio pudo ser creído por la corte sin necesidad de que fuera corroborado, y habiendo sido iden-tificado el tabaco ocupado a Sosa como parte del sustraído a Cardona, para que el demandante, suponiendo cierto el robo, tuviera derecho a recobrar la posesión de los veintitrés rollos de tabaco hilado que reclama, tenía que haber pro-bado que los adquirió de buena fe en venta pública o que los había adquirido en bolsa, feria o mercado o de un comer-ciante legalmente establecido y dedicado habitualmente al tráfico de objetos análogos. Su alegación es que los com-
En el tercer motivo del recurso se alega que la corte co-metió manifiesto error al permitir, a pesar de la oposición del demandante apelante, que el demandado apelado presen-tara prueba afirmativa para establecer hechos que no se ale-garon en su contestación a la demanda.
Los testigos Rafael Rivera Zayas, Alfredo Colón Ceba-dos y José Cardona Piquet, que presentó el demandado y que habían declarado como testigos del demandante, se limi-taron los dos primeros a repetir lo que habían declarado cuando fueron presentados por el demandante, aunque inci-dentalmente dijeron que el tabaco ocupado a Sosa fué reco-nocido como el mismo hurtado a Cardona; en cuanto a éste, su declaración versó sobre el hurto que se le había hecho y sobre identificación de los rollos ocupados a Sosa como parte de los que le habían robado.
Puesto que en la demanda se alegó que los rollos ocupa-dos al demandante y comprados a Alberto Gutiérrez iban a ser usados como prueba en la causa criminal que. contra el vendedor se seguía por robo de tabaco a José Cardona Pi-quet, no podemos declarar que el demandado presentó evi-dencia de hechos afirmativos que no había alegado en su contestación pues su objeto era contradecir la prueba del de-mandante demostrando que el artículo que reclama como de su propiedad había sido robado al demandado Cardona.
Además, esa prueba’no podía perjudicar al demandante
El cuarto y último motivo del recurso dice así: La corte inferior cometió manifiesto error y obró con pasión y pre-juicio al permitir, a pesar de la oposición del demandante, que el demandado apelado interrogara al testigo Alberto Gu-tiérrez, en las repreguntas sobre extremos que no habían sido objeto del examen directo; y que dicho testigo declarara so-bre hechos, constitutivos de defensa afirmativa no alegados en la contestación sin que el demandado .apelado hiciera suyo el testigo; permitiendo asimismo que el citado deman-dado apelado presentara parte de su prueba fuera de lugar y tiempo y antes de que el demandante apelante terminara la presentación de la suya.
Declarando Alfredo Gutiérrez, testigo del demandante, a preguntas de éste contestó que en 15 de agosto de 1918 le vendió en su casa tabaco hilado a Víctor Sosa y también posteriormente en fecha que no recordaba. A repreguntas del demandado contestó que es cuñado del demandante; y habiendo contestado a otras repreguntas que los rollos de tabaco vendidos a Víctor Sosa los había adquirido de los corredores Isabel González, Maximino de Jesús, López Cor-dero y Gregorio Villanueva le repreguntó el demandado si bajo juramento no había hecho manifestaciones distintas a esas y habiendo contestado que no, le fué leída una decla-ración por él prestada ante el fiscal según la cual el 15 de diciembre de 1918 compró a Antonio Avilés o Meléndez vein-ticuatro rollos de tabaco hilado en cuatro partidas que su vendedor le entregó en cuatro noches distintas en el paso a nivel de la vía, que queda directamente detrás de la casa de José Cardona, tabaco que vendió a Víctor Sosa y a José Gutiérrez de Eío Piedras, cuñado y hermano del declarante. Después de la lectura de esa declaración manifestó Gutiérrez
Esas repreguntas en cuanto al parentesco y lo que babía declarado ante el fiscal fueron impugnadas por el deman-dante y abora se alega que fué error el admitirlas.
La parte, demandada tenía derecho a interrogar al tes-tigo en repreguntas sobre su parentesco con el demandante, y no lo hizo para que se prescindiera de su declaración sino para que sabiendo la corte dicho parentesco pudiera apre-ciar la credibilidad de dicho testigo. De acuerdo con el ar-tículo 21 de la Ley de Evidencia la presunción de que el tes-tigo dice la verdad puede ser rechazada, entre otros casos, por evidencia que afecte a su veracidad o móviles, y el pa-rentesco puede, según las circunstancias, destruir la vera-cidad de un testigo.
En cuanto a la declaración que prestó ante el fiscal era admisible en evidencia porque tenía por objeto desacreditar al testigo, por ser evidencia contradictoria a su declaración en el juicio. Artículo 21 citado.
La declaración leída a Gutiérrez aparece prestada bajo juramento ante el fiscal y si bien es cierto que no consta el lugar y fecha en que se prestó, esto no es bastante para que no pueda ser tenida en consideración toda vez que Gutiérrez admitió que era cierta, menos en el extremo antes consig-nado.
No habiendo cometido la corte sentenciadora los errores que se alegan la sentencia apelada debe ser confirmada. . .•
Confirmada la sentencia apelada.