emitió la opinión del Tribunal.
El 10 de junio de 1959 Ángel Lugo y su esposa Elvira Pagán dueños de una propiedad rústica de 163.2038 cuerdas sita en el Barrio Pájaros de Bayamón concedieron una opción a Carmen Betancourt para la compra de dicha propiedad, en consideración a la cantidad de $4,000 que les fue pagada por ésta. El precio de la venta sería a razón de $2,000 la cuerda y se haría un pago inicial del 25 por ciento al otor-garse la escritura. Los dueños convinieron en pagar a. Carmen Betancourt y al demandante Zoltán E. Roth, si se ejercitaba la opción y al hacerse el pago inicial, una comisión de 5 por ciento del precio de compra por sus servicios como corredores en la transacción. Los $4,000 se acreditarían al pago inicial si se ejercitaba la opción, de lo contrario serían de los dueños. La opción de compra quedaba extinguida el
En esta acción sobre cumplimiento específico interpuesta por Roth contra los dueños de la propiedad se alegó en la demanda que él les comunicó dentro del plazo fijado en la opción su determinación de ejercitar la misma, estando listo y dispuesto a dar cumplimiento a todas las condiciones acor-dadas en la opción mediante el otorgamiento de la corres-pondiente escritura de compraventa, y que los dueños demandados se negaron a ello. Pidió el cumplimiento espe-cífico de dicho contrato y daños en la suma de $255,000 en caso de que no se ordenare el mismo.
Contra la demanda los demandados interpusieron una moción sobre sentencia sumaria pidiendo su desestimación porque la opción en que el demandante fundaba su derecho a pedir había sido cedida y vendida a la firma Gus P. Nichols Co. en 22 de octubre de 1959; y porque en noviem-bre 14, 1959 la firma Gus P. Nichols había ejercitado la opción mediante comunicación enviada a los demandados y al demandante.
El contrato de opción de 22 de octubre de 1959 otorgado entre Roth y Gus P. Nichols, que se acompañó a la moción sobre sentencia sumaria, hace constar que Gus P. Nichols Co. deseaba comprar el referido derecho de opción que tenía Roth, y estipularon que en consideración de la suma de $2,500 pagada en efectivo Roth “transfería, negociaba y vendía” a Nichols el derecho exclusivo y opción a adquirir la opción que tenía Roth sobre la referida propiedad, con arreglo a los tér-minos y condiciones de la opción original. Esta opción a
En noviembre 14 de 1959 Gus P. Nichols Co. dirigió una comunicación a los dueños, que se acompañó a la moción sobre sentencia sumaria, informándoles del convenio de 22 de octu-bre de 1959 con Roth; que en esta fecha, 14 de noviembre de 1959, ella había ejercitado la opción para comprar la opción de Roth, y que esta comunicación les serviría de aviso en cuanto a su intención de adquirir la propiedad de acuerdo con la opción original de 10 de junio de 1959. Fechada 9 de diciembre de 1959 hay una carta de Roth dirigida al abogado de los demandados Ledo. Oscar Castro Rivera informándole que al cierre con Nichols del contrato de opción respecto a las 163 cuerdas de Lugo, el balance de $27,500 pagadero al cierre se entregaría a dos personas que mencionaba, $15,000 a una de ellas y $12,500 a la otra. Hizo constar que él había obtenido la opción sobre la propiedad de Lugo a su nombre pero representaba el 50 por ciento de los intereses de cada una de estas personas. Esta carta también se acom-pañó a la moción, así como la declaración jurada del deman-dado Lugo haciendo constar que transcurrido el término de sesenta días estipulado en la opción original de 10 de junio de 1959, los tenedores de la opción Gus P. Nichols Co. no
En oposición a la moción sobre sentencia sumaria, el demandante Roth acompañó su declaración jurada y expuso que el contrato de opción para comprar la propiedad de los demandados nunca fue cedido por él a Nichols; que por el acuerdo de 22 de octubre de 1959 el declarante concedió a Nichols una opción para comprar, en o antes de noviembre 16, 1959 y mediante el pago por Nichols de $27,500, la opción suya para comprar la propiedad de los demandados; que Nichols no cumplió con los términos para la compra de su opción, quedando nulo y sin efecto el referido acuerdo de opción, y la compañía nunca pagó los $27,500. Que nunca existió relación contractual entre los demandados y Nichols sobre el derecho de compra dado por ellos al declarante y que los demandados en todo momento han tratado con el decla-rante y lo han reconocido como el dueño del derecho de opción de compra de su propiedad. Declaró Roth además que en 6 de febrero de 1960 los demandados le pidieron que cum-pliera con los términos y condiciones de la opción que ellos le habían concedido; que él hizo todos los arreglos necesarios a tal fin, incluyendo la cita con un notario y los demandados para la ejecución formal de la opción pero los demandados nunca se presentaron a la hora y fecha acordadas. Acom-pañó a esta declaración copia de la referida carta fechada febrero 6, 1960 dirigida al demandante Roth por los deman-dados. Dice la misma: que se sirviera tomar nota que en febrero 8, 1960 expiraba el término dado para el cierre final del convenio de opción que ellos le habían otorgado a él y a la señora Betancourt, y que ellos insistían en el estricto cumplimiento de dicho convenio.
La Sala sentenciadora procedió a dictar sentencia suma-riamente desestimando la demanda. Después de exponer las actuaciones de las partes antes descritas, expresó: “No obstante lo antes expuesto el término de la opción para la
Concluyó entonces la Sala sentenciadora (1) que Both carecía de causa de acción para exigir el cumplimiento espe-cífico de la opción ya que al cederla a Nichols por el docu-mento de 22 de octubre se desprendió de todos sus derechos sobre la misma; (2) que si el demandante Roth se hubiese reservado algún derecho bajo la opción no obstante haberla cedido, ésta quedó extinguida sin ulterior efecto legal al no cumplir él sus términos y condiciones y, (8) que habiendo quedado así extinguida la opción los demandados, quienes estuvieron dispuestos a cumplir con los términos de la misma hasta su expiración el 8 de febrero de 1960, no debían responder de daños por alegado incumplimiento. Se declaró sin lugar la demanda.
La Begla 36.3 de Procedimiento Civil de 1958 sobre sen-tencias dictadas sumariamente, dispone que “la sentencia solicitada se dictará inmediatamente si las alegaciones, depo-siciones y admisiones hechas junto con las declaraciones juradas, si las hubiere, demostraren que no hay controversia real en cuanto a ningún hecho material y que como cuestión de derecho debe dictarse sentencia sumaria a favor de la parte que presentó la moción”.
La Regla 36.3 al igual que su equivalente federal 56(c) se manifiesta en lenguaje extremadamente sencillo: “La sentencia solicitada se dictará inmediatamente si las alega-ciones, deposiciones.demostraren que no hay contro-versia real en cuanto a ningún hecho material”.Así este Tribunal lo ha dicho y repetido en casos bien familiares, como lo han dicho y reafirmado otros tribunales de apelación. Pero como ocurre normalmente, exponer un principio de ley siempre es más fácil que aplicarlo, particularmente en la primera instancia donde no siempre las circunstancias y demás hechos en torno a un punto controvertido se presentan claramente deslindados con un definido perfil. Esa dispo-sición así de sencilla en su expresión ha venido a ser el punto más sensible, tendón de Aquiles de este procedimiento; en torno a ella se ha producido la mayor divergencia de cri-terio entre las cortes de instancia y las cortes revisoras en la función de aplicarla a un cuadro de hechos y circunstan-
Aun cuando sea para el propósito más limitado de deter-minar si existe o no una controversia real de hecho, y no para adjudicar los derechos de las partes en el litigio, se requiere la formación de un juicio mediante la apreciación y aquilatación de los hechos y circunstancias proporcionados en el incidente de sentencia sumaria. Ante el gran cúmulo de disputas, anota Moore, no puede ofrecerse una fórmula rígida o mágica para determinar la existencia de una con-troversia real sobre un hecho pertinente. Está envuelto, en último análisis, el problema de juzgar.
Una parte tiene derecho a un juicio plenario cuando existe la más leve o mínima duda en cuanto a cuáles son los hechos, expresó el Primer Circuito siguiendo una línea de autoridades en Peckham v. Ronrico Corporation, 171 F.2d 653, 657, un caso de nuestra Corte Federal en que se revocó una sentencia sumaria, y toda duda en cuanto a la existencia de una controversia real debe resolverse en contra de la parte que solicita la sentencia sumaria. Cfr: Doehler Metal Furniture Co. v. United States, 149 F.2d 130, 135; Arnstein v. Porter, 154 F.2d 464, 468; Sarnoff v. Ciaglia, 165 F.2d 167, 168; Armco Steel Corp. v. Realty Investment Co., 273 F.2d
La anterior norma responde también al reconocido principio de que sobre la parte que solicita sentencia suma-riamente recae el peso de establecer, fuera de toda duda, la inexistencia de una controversia real sobre todo hecho per-tinente que a la luz del derecho sustantivo aplicable deter-minaría una sentencia a su favor como cuestión de ley. El peso que en tal sentido recae sobre el promovente se ha dicho que es aún mayor que el peso de la prueba que de ordinario tiene un reclamante para establecer un caso. Sólo debe dic-tarse sentencia sumaria cuando el tribunal tiene ante sí toda la verdad sobre los hechos. No es suficiente con que estime que los hechos producidos le permiten dictar una sentencia en derecho, o que crea que los de la parte contra quien dicta sentencia sumaria tendrían poca oportunidad de prevalecer en un juicio. Cfr: Sartor v. Arkansas Natural Gas Corp., 321 U.S. 620, 627; Traylor v. Black, Sivalls & Bryson, ante, p. 216: “Una sentencia sumaria es un remedio extremo que debe concederse sólo cuando la verdad es clara”; American Insurance Co. v. Gentile Brothers Co., 109 F.2d 732, 735; Spragne v. Voght, 150 F.2d 795, 801; Walling v. Fairmont Creamery Co., 139 F.2d 318, 322; Kasper v. Baron, 191 F.2d 737, 738; Dulansky v. Iowa-Illinois Gas & Electric Co., 191 F.2d 881, 885; Caylor v. Virden, 217 F.2d 739, 741.
En la evaluación de los hechos y circunstancias para determinar si existe o no una disputa real sobre un hecho pertinente, el tribunal puede hacer uso de las presunciones de ley, del conocimiento judicial, de la cosa juzgada y de
Éstas y algunas otras normas igualmente sentadas que no vienen ahora al caso son de estricta aplicación contra la parte que solicita la sentencia sumaria. La razón básica es que tal sentencia, si fuere indebidamente dictada de manera sumaria, resulta injusta ya que priva a la parte del derecho fundamental a un juicio oral adversativo con el arma efectiva del contrainterrogatorio, que como dijera el Juez Jackson en el caso de Sartor, antes citado, es el mejor medio aún con-cebido para comprobar la fidelidad de un testimonio. Tam-bién, si se considera que priva a la parte del factor de credibilidad inherente al comportamiento del testigo en corte. Según se dijo en Colby v. Klune, antes citado, el comporta-miento o proceder del testigo ante el juzgador de los hechos constituye evidencia material que no aparece en un “affidavit.”
Si enjuiciamos la sentencia sumariamente dictada en este caso a la luz de las normas correctas, nos parece que con la situación de hecho que tenía ante sí la Sala senten-ciadora, no debió haberse dictado. Se basó en que el deman-dante Roth no tenía causa de acción porque se había despren-
Lo menos que puede decirse de ese cuadro de hechos es que deja una duda seria en cuanto a que no existiera una controversia fidedigna sobre si Roth había perdido o no su opción con el consiguiente derecho a ejercitar la misma. Posi-blemente detrás de los documentos había una conducta de
Se revocará la sentencia sumariamente dictada en este caso y se devolverán los autos a la Sala sentenciadora para que celebre un juicio, o continúe los procedimientos de manera no incompatible con esta opinión.
Barron & Holtzoff Federal Practice, Rules Edition, págs. 96 y ss.
Moore’s Federal Practice, Vol. 6, 2Q ed., págs. 2012 y ss; 2121. Moore recoge un sentir prevaleciente en la utilidad del cual creemos, en torno a la apreciación adecuada de este mecanismo dirigido a abreviar la disposición de los casos, mirado a la luz del derecho básico a un juicio en los méritos en donde el arma del contrainterrogatorio juega papel tan fundamental en el esclarecimiento de la verdad. Del Juez Frank, en Doehler Metal Furniture Co. v. United States, (C.A. 2) 149 F.2d 130, 135: “Aprovechemos la ocasión para sugerir que los jueces sentenciado-res deberían ejercer gran cuidado al conceder mociones de sentencias sumarias. Un litigante tiene el derecho a un juicio cuando exista la más mínima duda en cuanto a los hechos.tal sentencia, sabiamente
El mismo Juez Frank, en Colby v. Klune (C.A. 2) 178 F.2d 872, vuelve a expresar: “Tenemos de nuevo en este caso otro ejemplo lamentable del intento de ahorrar tiempo acudiendo indebidamente al ‘juicio por affidavit’; indebidamente, porque hay envuelta una cuestión de hecho que gira en torno a credibilidad. El juicio por testimonio oral, con la opor-tunidad de interrogar y contrainterrogar testigos en corte abierta, con frecuencia se ha proclamado como uno de los distintivos más valiosos del derecho común. Pues sólo en tal juicio puede el juzgador de los hechos (juez o jurado) observar el proceder del testigo; y ese proceder — que está ausente, por supuesto, cuando el juicio es por affidavit o deposición, — - se acepta como un indicio importante hacia la credibilidad del testigo. Entonces, cuando como aquí, la determinación (lo más cerca posible) de los hechos de un caso gira en torno a credibilidad, existe una controversia de hecho dirimible en el juicio y constituye error dictar una sentencia sumaria. Oímos mucho de la congestión de casos pendientes como la causa de dilaciones deplorables en la administración de justicia. La manera de eliminar esa congestión es nombrando un número suficiente de jueces, no cometiendo injusticia despojándose a los litigantes de un medio justo de juicio.”
El Juez Learned Hand en Bozant v. Bank of New York, (C.A. 2) 156 F.2d 787, 790: “En definitiva no podemos dejar de observar que el caso es otro erróneo intento equivocado de ganar tiempo tratando de dis-poner de un estado de hecho complejo en una moción de sentencia sumaria. Esto es más cierto aun teniendo el demandante que depender en su acción
En Whitaker v. Coleman (C.A. 5) 115 F.2d 305, habló el Juez Hutche-son así: [pág. 307] “El procedimiento de sentencia sumaria no es una trampa para coger a litigantes incautos en su red y privarlos de un juicio. Es una medida liberal, liberalmente concebida para llegar a la verdad. Su objetivo no es aislar a los litigantes de su derecho a un juicio por jurado si realmente tienen prueba que han de ofrecer en un juicio; es comprobar esto cuidadosamente con anticipación al juicio inqui-riéndose y determinándose si tal prueba existe.” Años después en Gray Tool Co. v. Humble Oil & Refining Co., 186 F.2d 365, refiriéndose a una sentencia sumaria impropiamente dictada señaló que el eliminar súbita-mente un juicio no es un fin sino un medio hacia un fin, y en la tramitación de casos como en otros empeños, a menudo es cierto que la vuelta alrededor más larga viene a ser el camino directo más corto.
“Una pronta disposición de casos,” dijo el Juez Murrah en Avrick v. Rockmont Envelope Co., (C.A. 10) 155 F.2d 568, 573, “es una virtud cardinal de la administración de justicia pero no es más importante que el derecho fundamental de uno a su día completo en corte.”
Si el procedimiento de sentencia sumaria ha vencido ataques de inconstitucionalidad basados en que priva del derecho a un juicio por jurado garantizado en casos civiles por la Constitución Federal y por muchos Estados, ha sido precisamente considerándose que la Regla de su faz, y debidamente aplicada sin exceder su legítimo propósito y radio de acción, no priva de tal derecho por cuanto, si no hay una controversia real sobre los hechos nada tendría que dirimir un jurado como jueces de hecho. Cfr: Lindsey v. Leavy, (C.A. 9) 149 F.2d 899, 902, certiorari denegado, 326 U.S. 783; Ex Parte Peterson, 253 U.S. 300; Fidelity & Deposit Co. v. United States, 187 U.S. 315, 319; General Inv. Co. v. Interborough Co., 235 N.Y. 133, 142; Port of Palm Beach Dist. v. Goethals, (C.A. 5) 104 F.2d 706, 709; Page v. Work, (C.A. 9) 290 F.2d 323, 334. Como dijera el Juez Cardozo ya en 1926, cuando aun este procedimiento no estaba tan generalizado como ahora: “El preciso obje-tivo de una moción sobre sentencia sumaria es separar lo que hay de superficial o simulado en la demanda o en la defensa de lo que es genuino y sustancial, de modo que sólo lo último sujete a un litigante a la carga de un juicio.” Richard v. Credit Suisse, 242 N.Y. 346, pág. 350.
Moore’s — op. cit., pág. 2103.