105 P.R. Dec. 600 | Supreme Court of Puerto Rico | 1977
Lead Opinion
emitió la opinión del Tribunal.
Contra el peticionario se formuló denuncia por el delito de Agresión Agravada concebida en los siguientes términos:
“El referido acusado Nicolás Felicier Villalongo: allí, en-tonces ilegal, voluntaria, maliciosamente, a sabiendas y con la intención criminal, en fecha, hora y sitio arriba indicado violen-tamente acometió y agredió con una botella de cerveza en el ojo izquierdo al Sr. Pedro Ceballos Pimentel, ocasionándole lacera-ción en el mismo, siendo atendido en el Centro de Salud local por el Dr. González y referido al Hospital de Distrito de Fajardo.
El agravante alegado en esta denuncia consiste en que el objeto utilizado para cometer los hechos (botella de cerveza) es uno con el cual se le puede ocasionar grave daño corporal y hasta la muerte a un ser humano.” (Énfasis suplido.)
Celebrado en sus méritos el juicio en el Tribunal de Dis-trito, fue declarado culpable y sentenciado a una pena de tres meses de cárcel; no conforme solicitó juicio de novo.
Señalada ante el Tribunal Superior la vista, estando pre-sente el Ministerio Fiscal, el apelante y su abogado, se desa-rrolló el siguiente incidente:
“Sr. Abogado:
[D]amos por leída [la denuncia] y aceptamos los hechos tal como se imputan en la denuncia.
Hon. Juez:
Por eso, el Tribunal tiene la obligación de advertirle aquí al acusado que él tiene un derecho a juicio. Que él tiene un derecho a que el Fiscal pruebe su caso más allá de duda razonable. Que tiene derecho a que su abogado contrainterrogue los testigos de cargo para garantizar el derecho a la confrontación con la prueba de cargo. Que tiene derecho a declarar, a que se le citen testigos [y que no tiene derecho a apelar de la sentencia.'] Yo*602 le pregunto al acusado ahora, si usted está en disposición de renunciar a todos esos derechos que le leí?
R. Sí, señor.
P. Quiere decir, señor, que usted admite que el día 10 de mayo de 1975 y alrededor de las 11:30 de la noche en el Bo. Ciénaga Baja de Río Grande, usted agredió al Sr. Pedro Ceballos Pimentel ocasionándole una laceración en el ojo izquierdo y para ello usando un pedazo de botella, ocasionándole una herida de gravedad?
R. Si, señor.
P. Y a usted alguien le ha hecho algún ofrecimiento para que haga esta alegación de culpable?
R. No, señor.
P. La voluntad suya es reconocer los hechos y admite que es que usted es culpable de estos hechos ?
R. Sí, señor.
Vista la alegación hecha en corte abierta por Nicolás Felicier Villalongo, el Tribunal la admite. Como consecuencia dicta fallo por el delito de Agresión Agravada.” (T.E. págs. 4-5; énfasis suplido.)(1)
El tribunal el 14 de junio de 1976 dictó sentencia impo-niéndole una pena de seis meses de cárcel. Denegada una re-consideración fundada en el señalamiento de que la denuncia no imputaba el delito de agresión agravada, expedimos certiorari.
El argumento principal ante nos consiste en que la denun-cia no imputa el delito de agresión agravada de que fuera convicto el peticionario, aduciendo que el Art. 95 del Código Penal (1974) (33 L.P.R.A. see. 4032), no dispone, como agravante, el alegado en la denuncia. Dicho artículo, en lo pertinente dispone:
“La agresión se considera agravada aparejando pena de re-clusión por un término que no excederá de seis meses o multa máxima de quinientos dólares, o ambas penas a discreción del*603 tribunal, si se cometiere con la concurrencia de cualquiera de las siguientes circunstancias:
(a) ........
(f) Cuando se infiere grave daño corporal a la persona agre-didq.
(g) Cuando se cometiere con armas mortíferas en circuns-tancias que no revistiesen la intención de matar o mutilar.
(b) Cuando se cometiere con la intención de inferir grave daño corporal.”
Resolvemos que no le asiste la razón. Si bien es cierto que la denuncia no siguió fielmente las palabras de la ley, leída e interpretada racional y razonablemente a la luz de la norma de hermenéutica establecida en la Regla 35(c) de las de Procedimiento Criminal,
Por definición del Código Penal, “voluntariamente” se aplica “. . . a la intención con que se ejecute un acto, o se incurre en una omisión, implica simplemente propósito o voluntad de cometer el acto, o de incurrir en la omisión a que se refiere”, y la palabra “malicia” denota “. .. la comisión de un acto dañoso, intencionalmente, sin justa causa o excusa y la consciente naturaleza del mismo.” Art. 7, incisos 27 y 19 Código Penal, (33 L.P.R.A. see. 3022).
Independientemente de lo expuesto, resulta válida y lógica la deducción de intención de “inferir grave daño corporal” que hizo el tribunal de instancia pues: ¿qué otra cosa se puede deducir de aquél que violentamente acomete y agrede a un semejante en un ojo con una botella de cerveza de cristal?
La sentencia será confirmada.
Subsiguientemente el Tribunal celebró una vista a los fines de obtener elementos de juicio para la imposición de la pena, a lo cual hacemos referencia más adelante.
Reza así:
“Una exposición de los hechos esenciales constitutivos del delito, re-dactada en lenguaje sencillo, claro y conciso, y de tal modo que pueda en-tenderla cualquier persona de inteligencia común. Las palabras usadas en dicha exposición se interpretarán en su acepción usual en el lenguaje corriente, con excepción de aquellas palabras y frases definidas por ley o por la jurisprudencia, las cuales se interpretarán en su significado legal. Dicha exposición no tendrá que emplear estrictamente las palabras usadas en la ley, y podrá emplear otras que tuvieren el mismo significado. En ningún caso será necesario el expresar en la acusación o denuncia presun-ciones legales ni materias de conocimiento judicial.” (Énfasis suplido.)
No es necesario desarrollar argumentos para apoyar la proposición sobre si una botella es un arma mortífera al usarse violentamente contra el cuerpo humano. Véanse: Bald Eagle v. State of Oklahoma, 355 P.2d 1015 (1960); State v. Reynolds, 24 So.2d 818 (1945).
Arts. 14 y 15 del Código Penal (33 L.P.R.A. secs. 3062 y 3063).
Sin perjuicio de los trámites ordenados y providencias que pueda adoptar el tribunal de instancia referentes al Informe del Oficial Proba-torio.
Concurrence Opinion
Opinión Concurrente del
San Juan, Puerto Rico, a 17 de enero de 1977
Estamos ahora en este Tribunal haciendo nueva juris-prudencia interpretativa del nuevo Código Penal. De la clase de jurisprudencia que formulemos dependerá de si el nuevo Código ha de servir para lograr el propósito para el cual fue redactado: disuadir lo más posible la comisión de crímenes en Puerto Rico y darle así a este pueblo una razonable tranqui-lidad, a lo cual tiene perfecto derecho.
En este caso el peticionario se declaró culpable en el Tribunal Superior. Como no puede venir a nosotros vía apela-ción, vino vía certiorari. Regla 193 de Procedimiento Criminal. Fue declarado convicto de agresión agravada, conforme a la denuncia que se le hizo. El Código Penal en su Art. 95 (33 L.P.R.A. see. 4032) dispone para dicho delito una penali-dad de reclusión máxima de seis meses o multa máxima de $500, o ambas penas, a discreción del tribunal. Para el delito de agresión simple el Código, en su Art. 94, dispone una penalidad de multa máxima de $100. Para este último delito
Alega el peticionario que no se alegó que el imputado hizo uso de un arma mortífera. No había que hacerlo. El inciso bajo el cual el imputado fue acusado y juzgado no fue el in-ciso (g) del Art. 95 — que es el que habla de armas mortí-feras — sino que fue el inciso (h), el cual declara agresión agravada la que “se cometiere con la intención de inferir grave daño corporal.”
Basta con leer la denuncia — la cual está bien redactada— para que lo dicho quede claro. La propia denuncia especifica que “El agravante alegado en esta denuncia consiste en que el objeto utilizado para cometer los hechos (botella de cer-veza) es uno con el cual se le puede ocasionar grave daño corporal y hasta la muerte a un ser humano.”
El imputado fue convicto de agredir violentamente en un ojo a un ser humano con una botella de cerveza. Someto a la clara inteligencia del lector que agredir violentamente con una botella en un ojo a un ser humano demuestra la inten-ción de causar grave daño corporal. El ojo es un órgano muy valioso para el ser humano y a la vez es muy delicado. Una agresión violenta de la naturaleza antes dicha puede muy fácilmente causarle grave daño. Esa agresión está compren-dida dentro del inciso (h) del Art. 95 del Código Penal.
El propio Informe de la Comisión de lo Jurídico Penal de la Cámara de Representantes sobre el Código, al discutir los “Principios Básicos de la Legislación Penal” expresa que “Todo Código Penal debe ser reflejo diáfano y genuino de los valores de la sociedad para la cual se legisla.” También ex-presa que “El Código Penal debe ser realista, acorde con los tiempos que se viven....”
En cuanto a los “tiempos que se viven” es de conoci-miento general la alta tasa de criminalidad que los aqueja.
En cuanto a los “valores de la sociedad” para la cual se legisló el Código, ¿son o no valores nuestros la dignidad del ser humano, la protección de su integridad física y la paz y la tranquilidad general?
Alega también el peticionario que la denuncia no siguió las palabras del estatuto. Su posición es en extremo forma-lista y ya superada jurisprudencial y legislativamente. No tiene que seguirlas. La propia Regla 35 de Procedimiento Criminal dispone en su inciso (c) que la acusación y la de-nuncia deberán contener “Una exposición de los hechos esen-ciales constitutivos del delito, redactada en lenguaje sencillo, claro y conciso, y de tal modo que pueda entenderla cualquier persona de inteligencia común.”
Además dispone expresamente dicha Regla que “Dicha ex-posición no tendrá que emplear estrictamente las palabras usadas en la ley, y podrá emplear otras que tuvieren el mismo significado.”
Son los hechos alegados, y no la calificación del delito hecha por el fiscal ni las etiquetas formales, lo que sirve de base para la identificación del delito imputado y de la dispo-sición estatutaria envuelta. Pueblo v. Candelario Couvertier, 100 D.P.R. 159, 161 (1971) y autoridades allí citadas; Pueblo v. Díaz, 62 D.P.R. 499, 505 in fine (1943). Regresar a los tiempos en que había que seguir las palabras del estatuto, como si la aplicación del Derecho fuese un rito mítico y no una operación intelectual, sería incurrir en un retroceso lamentable e injustificado.
Entiendo que la denuncia en este caso es suficiente. El delito imputado está incluido en el inciso (h) del Art. 95 del
Dissenting Opinion
Opinión disidente del
San Juan, Puerto Rico, a 17 de enero de 1977
La denuncia objeto de este caso reza así:
“El referido acusado Nicolás Felicier Villalongo: allí, en-tonces ilegal, voluntaria, maliciosamente, a sabiendas y con la intención criminal, en fecha, hora y sitio arriba indicado violen-tamente acometió y agredió con una botella de cerveza en el ojo izquierdo al Sr. Pedro Cebados Pimentel ocasionándole lacera-ción en el mismo, siendo atendido en el Centro de Salud local por el Dr. González y referido al Hospital de Distrito de Fajardo.
El agravante alegado en esta denuncia consiste en que el objeto utilizado para cometer los hechos (botella de cerveza) es uno con el cual se le puede ocasionar grave daño corporal y hasta la muerte a un ser humano.”
El acusado, por voz de su ahogado, expresó, según se reseña en la opinión del Tribunal: “[D]amos por leída [la denuncia] y aceptamos los hechos tal como se imputan en la denuncia.” (Énfasis suplido.) Eso es precisamente lo que se acepta cuando se hace alegación de culpabilidad: los hechos tal como aparecen en el pliego acusatorio. Si bien en el título se calificó el delito de agresión agravada, tal designación carece de importancia pues son los hechos alegados y no el nombre que se dé al delito lo que determina el delito cometido. Pueblo v. Candelario Couvertier, 100 D.P.R. 159 (1971); Pueblo v. García, 78 D.P.R. 88 (1955); Pueblo v. Conroig, 60 D.P.R. 168 (1942); Pueblo v. Gibson, 51 D.P.R. 120 (1937); Pueblo v. Canals, 48 D.P.R. 794 (1935); Pueblo v. Zambrana, 18 D.P.R. 758 (1912).
Art. 94. “Agresión simple. — A toda persona que empleare fuerza o violencia contra otra para causarle daño se le impon-drá pena de multa que no excederá de cien (100) dólares.”
Art. 95. “Agresión agravada. — La agresión se considera agravada aparejando pena de reclusión por un término que no excederá de seis meses o multa máxima de quinientos dólares, o ambas penas a discreción del Tribunal, si se cometiere con la concurrencia de cualquiera de las siguientes circunstancias:
(a) Cuando se cometa en la persona de un funcionario pú-blico en el cumplimiento de sus deberes, o como consecuencia de éstos, en caso de saberse o haberse hecho saber a la persona que cometiere el hecho, que la persona agredida era un funcionario público o en su presencia.
(b) Cuando se cometiere en un Tribunal de justicia o en cualquier sitio dedicado al culto o a las prácticas religiosas o en algún lugar donde se hallaren reunidas varias personas con fines lícitos.
(c) Cuando la persona entre en la morada de una persona y cometiere allí la agresión.
(d) Cuando se cometiere por una persona robusta en la de un anciano o decrépito.
(e) Cuando se cometiere por un varón adulto en la persona de una mujer o niño, o por una mujer adulta en la de un niño menor de 16 años de edad.
(f) Cuando se infiere grave daño corporal a la persona agre-dida.
(g) Cuando se cometiere con armas mortíferas en circuns-tancias que no revistiesen la intención de matar o mutilar.
(h) Cuando se cometiere con la intención de inferir grave daño corporal.
(i) Cuando se cometiere por un funcionario público so color de autoridad y sin causa legítima.
(j) Cuando se cometiere por una o más personas haciendo uso de ventaja indebida.”
*610 A mi juicio el propósito evidente de quien redactó la de-nuncia fue imputar el agravante del inciso (g) — “cuando se cometiere con armas mortíferas en circunstancias que no re-vistiesen la intención de matar o mutilar” — pues específica-mente se alegó:
“El agravante alegado en esta denuncia consiste en que el objeto utilizado para cometer los hechos (botella de cerveza) es uno con él cual se le puede ocasionar grave daño corporal y hasta la muerte a un ser humano.” (Enfasis suplido.)
Parece, sin embargo, que todos los jueces estamos de acuerdo en que el inciso (g) no es el aplicable. Tiene que ser así pues una botella no es un arma mortífera. Un arma mor-tífera es aquella “hecha para ofensiva o defensiva, o para la destrucción de la vida o causar lesiones,” Ignacio Rivera, Diccionario de Términos Jurídicos, ed. 1976; un “instru-mento destinado a ofender o defenderse,” Diccionario de la Real Academia Española, ed. 1972 y Diccionario Vox de la Lengua Española, ed. 1973; “cualquier instrumento que cause la muerte o grave daño corporal al ser usado del modo corriente y usual que su forma y construcción revele.” Pueblo v. Oriols, 27 D.P.R. 208, 210 (1919). Una botella no es hecha para ser usada con fines de ofensa y defensa ni causar la muerte o grave daño corporal “al ser usada del modo co-rriente y usual que su forma y construcción revele.” Oriols, supra.
El juez de instancia no estaba seguro de cuál era el agra-vante. Así se desprende de las siguientes expresiones suyas hechas antes de aceptar la alegación de culpabilidad:
“Quiere decir, señor, que usted admite que el día 10 de mayo de 1975 y alrededor de las 11:30 de la noche en el Bo. Ciénaga Baja de Río Grande, usted agredió al Sr. Pedro Ceballos Pimen-tel ocasionándole una laceración en el ojo izquierdo y para ello usando un pedazo de botella, ocasionándole una herida de grave-dadV’ (Énfasis suplido.)
Se apartó el juez de las alegaciones de la denuncia y aña-dió hechos que en ella no aparecen. Parece que buscó el agra-
La opinión de este Tribunal también va a caza del agra-vante. No lo encuentra en los incisos (f) y (g) del Art. 95. Pretende haberlo encontrado en el inciso (h) que dice: “(h) cuando se cometiere con la intención de inferir grave daño corporal.” Para ello se ampara en las alegaciones gene-rales que leemos rutinariamente en todas las denuncias, aun en las más leves violaciones de la Ley de Vehículos y Trán-sito. Pretende que al alegarse que el acusado cometió la agre-sión que se le imputa “ilegal, voluntaria, maliciosamente, a sabiendas y con la intención criminal” quedó salvado el inciso (h), pues tales palabras y frases pueden interpretarse para que imputen la intención específica que requiere dicho inciso de inferir grave daño corporal. Discrepo con todo respeto.
El Art. 95 del Código Penal enumera en diez incisos — (a) a (j) — otras tantas circunstancias que convierten una agre-
La opinión concurrente también halla en el inciso (h) el agravante que se pretendió alegar en la denuncia que aquí nos ocupa. Para ello se ampara en que se alega en la denun-cia que el acusado agredió a la supuesta víctima violenta-mente con una botella en un ojo. De ahí pretende que se en-tienda alegado que tenía la intención específica de causar grave daño corporal. En primer lugar en toda agresión está presente el elemento de violencia, salvo en el caso que con-sidera agresión “cualquier contacto ilegal realizado sin el
Es que no pueden confundirse las alegaciones con la prueba. Para que se impute el agravante del inciso (h) es necesario que se alegue la intención de causar grave daño corporal. Por ser la intención un elemento subjetivo, si ha quedado probado o no ese elemento dependerá de los hechos probados. En el caso ante nos no hay hechos probados. No estamos revisando una convicción después de prueba. Aquí se trata única y exclusivamente de alegaciones y para deter-minar qué delito cometió el acusado hay que ceñirse a los hechos alegados, que son los admitidos mediante la alegación de culpabilidad.
Al enfrentarnos a las alegaciones de una denuncia no po-demos trasponer lo alegado como constitutivo del delito im-putado para ir en busca de la intención específica. No es cuestión de lo que hizo o quiso hacer el acusado y sí de lo que se alega que hizo y que quiso hacer. Si se pretende que come-tió una agresión agravada porque al agredir a su víctima
La Regla 35 de Procedimiento Criminal nos dice en su apartado (c) que una denuncia debe contener:
“(c) Una exposición de. los hechos esenciales constitutivos del delito, redactada en lenguaje sencillo, claro y conciso, y de tal modo que pueda entenderla cualquier persona de inteligen-cia común. Las palabras usadas en dicha exposición se interpre-tarán en su acepción usual en el lenguaje corriente, con excep-ción de aquellas palabras y frases definidas por ley o por la juris-prudencia, las cuales se interpretarán en su significado legal. Dicha exposición no tendrá que emplear estrictamente las pala-bras usadas en la ley, y podrá emplear otras que tuvieren el mismo significado. En ningún caso será necesario el expresar en la acusación o denuncia presunciones legales ni materias de cono-cimiento judicial.” (Énfasis suplido.)
Persigue esta regla implementar el mandato constitu-cional de que el acusado sea notificado de la naturaleza y causa de la acusación que se le hace. Art. II, Sec. 11, Consti-tución. No se espera del acusado que sea un técnico del Dere-cho que deba ir más allá de las palabras contenidas en el pliego acusatorio para determinar el delito que se le imputa. El delito imputado debe aparecer de la denuncia con clari-dad. Pueblo v. Rivera, 75 D.P.R. 903 (1954).
Al exigir la Regla 35(c) que la denuncia se redacte “en lenguaje sencillo, claro y conciso, y de tal modo que pueda en-tenderla cualquier persona de inteligencia común” está claro el mandato de que ese lenguaje no se preste a diversas inter-pretaciones. Aquí, ni siquiera jueces — tanto el de instancia como nosotros — nos hemos podido poner de acuerdo en cuanto a qué agravante, si alguno, se imputa en la denuncia, y por qué. No podemos exigir más de “cualquier persona de inteli-gencia común” no ducha en tecnicismos legales.
Al interpretar una denuncia no podemos hacer malabaris-mos con sus palabras para hacerlas imputar lo que en este caso era fácil hacer en lenguaje claro y sencillo. Bastaba de-cir, si la intención era imputar el agravante del inciso (h), que el acusado cometió los hechos con la intención de causar grave daño corporal al perjudicado; o pudo alegarse, si se pretendió imputar el inciso (f), que al agredir al perjudi-cado, el acusado le causó grave daño corporal. Era tan sen-
Modificaría la sentencia para decretar que el acusado es culpable de agresión simple y le impondría una pena acorde a dicho delito.
La Ley de la Policía vigente en 1943 — Ley de 12 de marzo de 1908 —estableció como requisito mínimo para ingreso, desde el punto de vista educativo, saber leer y escribir. Hoy se requiere que un guardia, que es la posición de menos gradación en la Policía, sea graduado de escuela superior. 25 R.&R.P.R. sec. 221d-56.
Véase la Ley Núm. 146 de 23 de julio de 1974, que creó el cargo de Fiscal Auxiliar del Tribunal de Distrito, 3 L.P.R.A. secs. 90 a 94.
