131 P.R. Dec. 304 | Supreme Court of Puerto Rico | 1992
Lead Opinion
emitió la opinión del Tribunal.
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Mediante una intervención especial realizada en el Mu-nicipio de Cayey (en adelante Municipio), la Oficina del Contralor de Puerto Rico (en adelante Oficina del Contra-lor) determinó que durante el período de 10 de abril de 1975 a 30 de marzo de 1976, el codemandado Angel Soto Santiago se apropió ilegalmente de fondos públicos por la cantidad de $16,131.93 mientras se desempeñaba como Recaudador Auxiliar del Municipio de Cayey.
Con arreglo a dicha intervención, el Pueblo de Puerto Rico presentó cargos criminales contra el demandado recu-rrido por delito contra fondos públicos (Art. 216 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. see. 4391), y el Tribunal de Distrito, Sala de Cayey, determinó causa probable para el arresto el 13 de noviembre de 1987. Luego, el 13 de enero de 1988, el magistrado suspendió la vista preliminar para determinar causa probable para acusar al deman-dado de acuerdo con lo dispuesto en la Regla 240 de Proce-dimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. El demandado recu-rrido fue objeto de evaluaciones por un psiquiatra del Estado en las que se determinó que efectivamente el de-
El 22 de junio de 1988, diez (10) años y siete (7) meses después de la fecha de publicación del informe del Contra-lor, el Municipio, representado por el Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico, presentó una acción civil para reco-brar los fondos públicos ilegalmente sustraídos.
En la demanda se alegó que tanto el Gobierno Municipal de Cayey como el Gobierno del Estado Libre Asociado, a través del Departamento de Justicia de Puerto Rico, ha-bían realizado múltiples gestiones extrajudiciales para que la parte demandada recurrida restituyese el dinero alega-damente apropiado por dicha parte, pero que tales gestio-nes resultaron infructuosas. Por tal razón, el aquí recu-rrente solicitó al tribunal que ordenara a la parte demandada a restituir al Estado la suma de $14,418.18
Al contestar la demanda, los demandados recurridos ne-garon los hechos esenciales de ésta y esgrimieron la de-fensa de prescripción de la acción. Posteriormente, me-diante moción de sentencia sumaria, solicitaron al tribunal que declarase la demanda sin lugar alegando que la acción incoada era una acción en daños y perjuicios por actos ile-gales e ilícitos del demandado recurrido Ángel Santiago, mediante culpa o negligencia, por lo que era de aplicación el Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141. Aduje-
A esta solicitud para que se dictase sentencia sumaria se opuso el demandante recurrente alegando que la acción incoada no era una acción para reclamar daños y perjuicios a favor del Municipio, sino una acción en cobro de dinero con el fin de que se ordenase al recurrido devolver la suma de dinero que éste se apropió y que pertenecía al erario municipal. El demandante recurrente alegó que siendo dicha acción análoga a la acción de cobro de dinero, también por analogía le aplicaba el término de prescripción de quince (15) años señalado en el Código Civil para las accio-nes sin término especial señalado. Art. 1864 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5294. Finalmente, alegó que el tér-mino prescriptivo de quince (15) años para presentar la acción de epígrafe comenzaba el 27 de octubre de 1978, fecha cuando se hizo público el informe de la Oficina del Contralor.
El foro de instancia acogió la tesis de los recurridos, concluyendo que la acción instada era una de daños y per-juicios cuyo término prescriptivo de un (1) año ya había transcurrido, encontrándose por lo tanto prescrita. Deses-timada la demanda bajo este fundamento, el Estado Libre Asociado comparece ante nos argumentando como único señalamiento de error que:
El Honorable Tribunal de instancia erró al concluir que la presente acción civil estaba prescrita por constituir una acción en daños y perjuicios bajo el Artículo 1802, supra, y no una acción civil personal para recobrar unos fondos públicos ilícita-mente apropiados por el demandado-recurrido que es impres-*310 criptible o en la alternativa, que prescribe a los 15 años. In-forme del Procurador General, pág. 6.
Expedimos el auto de revisión solicitado y estando en condiciones de resolver el mismo, revocamos.
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La acción particular que nos ocupa fue presentada por el Secretario de Justicia conforme a la Ley Núm. 17 de 8 de mayo de 1973, que le confiere autoridad para tramitar acciones civiles o criminales que surjan como resultado de alguna intervención del Contralor. El propósito de esta ley es ayudar a hacer valer las determinaciones del Contralor y así salvaguardar la honestidad administrativa y la legalidad en el manejo de fondos públicos. La Ley Núm. 17, supra, sin embargo, no fija términos a las acciones que prevé, y ya hemos resuelto que las acciones que se tramiten a tenor con la misma “tendrán las limitaciones (términos prescriptivos, etc.) de la acción escogida para encausar a los funcionarios municipales quienes ... hayan incurrido en violaciones a la ley en el manejo ... de fondos públicos”. E.L.A. v. Asoc. Empleados Obras Pub. Mun., 126 D.P.R. 320, 331 (1990).
Por lo tanto, tenemos ante nos la cuestión de si la presente acción para recobrar los fondos públicos ilegalmente sustraídos surge del Art. 1802 del Código Civil, supra, como alega el recurrido y como resolvió el tribunal de instancia, o si en cambio se trata de una acción análoga a la acción personal en cobro de dinero, como alega el Estado. De esta determinación depende la cuestión de prescripción que, como reiteradamente hemos dicho, “es materia sustantiva y no procedimental, regida por los principios que informan el Derecho Civil. Febo Ortega v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 405, 407 (1974)”. (Escolio
La cuestión ante nos, aunque sencilla en su formulación conceptual, está revestida de una seria dificultad ya que nuestro ordenamiento jurídico no establece directamente ninguna causa de acción civil particular para la restitución de fondos públicos obtenidos ilícitamente.
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Podemos afirmar con certeza que la acción en este caso no surge bajo el Art. 1802 del Código Civil, supra, y, por lo tanto, no aplica el término prescriptivo de un (1) año.
El tribunal de instancia falló al determinar que la causa de acción incoada por el Municipio para recobrar los fondos
Nuestra conclusión de que la acción en este caso no
En el caso ante nos, los hechos que se le imputan al demandado no son independientes de la relación jurídica preexistente entre el demandado y el demandante. El re-currido Angel Soto Santiago estaba empleado como recau-dador del Municipio. Como parte de esa relación de em-
En apoyo de esta conclusión, queremos hacer referencia también a una notable sentencia del Tribunal Supremo de España en un caso donde el Estado presentó una acción de restitución contra ciertos demandados que se habían apro-piado de bienes del Estado. Los demandados alegaron que la acción estaba prescrita por considerar que se trataba de daños y perjuicios, pero el Tribunal Supremo español, el 10 marzo de 1958, rechazó que fuera de aplicación “la pres-cripción de la acción por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el artículo 1902 [Art. 1802 nuestro]”, y declaró que la acción de restitución in-coada por el Estado “tiene sustantividad propia frente a la indemnización de daños y perjuicios, de la que la indepen-dizan múltiples notas diferenciales que la doctrina cientí-fica ha señalado ...”. (Enfasis suprimido.) S. de 10 de marzo de 1958, Núm. 1068, XXV (Vol. II) Repertorio de Jurispru-dencia 686. El Tribunal Supremo español señaló que en ese caso ocupaba “primer plano de fuente jurídica el principio de que a nadie es lícito enriquecerse a costa de otro” resol-viendo así a favor del Estado. (Enfasis suprimido.) Id., págs. 686-687.
En resumen, pues, no puede haber dudas que conforme
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Se podría pensar que la situación de hechos que nos concierne se rige fundamentalmente por lo establecido en el Art. 393 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 1479. El primer párrafo de ese artículo dispone lo siguiente:
La posesión de los bienes muebles adquiridos de buena fe equivale al título. Sin embargo, el que hubiese perdido una cosa mueble o hubiese sido privado, de ella ilegalmente, podrá reivin-dicarla de quien la posea. (Énfasis suplido.) 31 L.P.R.A. sec. 1479.
De este artículo nace la acción reivindicatoría para re-cuperar bienes muebles apropiados ilegalmente. Sin embargo, dicha acción real no procede en el caso de autos.
El dinero es un bien fungible y genérico. Estas características implican que el dinero no puede ser usado sin consumirse y que tampoco puede ser específicamente identificado. El dinero, al no poder ser identificado, no puede ser objeto de una acción real de recuperación de la cosa misma, la recuperación se refiere siempre al valor y adquiere naturaleza personal. J.A. Alvarez Caperochipi, El Enriquecimiento sin causa, Madrid, Villena, Artes Gráficas, 1979, pág. 121, nos señala el fenómeno que ocurre en los casos de bienes fungibles:
... cualquier tenencia de una cosa ajena fungible produce su efectiva apropiación; la razón de ello es que de ninguna forma*316 puede identificarse la cosa requisito previo de todas las accio-nes de naturaleza real. Así pues, para recuperar cosa fungible retenidas por un tercero, sólo puede accionarse a través de una acción personal, la condictio, que persigue el provecho produ-cido de el patrimonio ajeno y no la cosa en sí misma. (Enfasis en el original y énfasis suprimido.)
Dada la naturaleza de las cosas fungibles, éstas no pue-den ser usadas sin consumirse. Cuando dicho consumo es de cosa ajena sin título surge la obligación de restituir un bien de la misma especie o el provecho percibido de dicho consumo. En estas circunstancias no procede la acción rei-vindicatoria de carácter real que aparece en el Art. 393, supra.
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Los demandantes recurrentes alegan que la acción para recobrar los fondos ilegalmente apropiados por el demandado es análoga a la acción de cobro de dinero. Claramente tienen razón en cuanto a que en este caso procede la aplicación analógica de normas. Ya hemos dicho que en el derecho civil, como en muchos otros sistemas jurídicos, se reconoce el problema del silencio de la ley y que los casos no previstos por ley se regularán por la norma aplicable a los casos análogos. Véanse: Almodovar v. Méndez Román, 125 D.P.R. 218 (1990); Olmo v. Young & Rubicam of RR., Inc., supra; hozada Torres v. Collazo, 111 D.P.R. 702 (1981).
Una situación análoga a la de los hechos en cuestión es la que surge del contrato de mandato cuando un agenté o mandatario recibe fondos para un propósito determinado, pero los usa para fines propios. Apunta Manresa que “[e]l mandatario que recibe una cantidad para el mandante, y en lugar de enviarla la retiene en su poder, y la emplea en la satisfacción de necesidades propias, sin estar para ello debidamente autorizado, realiza un verdadero abuso de
Más generalmente, en su fondo, tratamos aquí con una situación que permite invocar el principio de derecho de que nadie debe enriquecerse injustamente a costa de otro.
Nuestro Código Civil, al igual que el Código Civil español del cual proviene, no contiene disposición específica ni directa sobre el enriquecimiento injusto. Sin embargo, en Puerto Rico la doctrina de enriquecimiento injusto se encuentra subsumida en la figura de los cuasicontratos y en otras disposiciones de nuestro Código Civil. El profesor Velázquez, al comentar sobre esta materia, señala:
Uno de los principios fundamentales que informan el Código Civil es, en efecto, que nadie debe enriquecerse injustamente en perjuicio de otro.
Tal principio no se halla consagrado expresamente en el Có-digo Civil. Pero hace numerosas aplicaciones del mismo. Véanse, en efecto, los artículos 296, 297, 300, 301 (31 L.P.R.A. sees. 1163, 1164, 1167, 1168), relativos a la accesión; 381, 382, 383 y 384 (31 L.P.R.A. secs. 1467 a 1470), relativos a la pose-sión; 1117 (31 L.P.R.A. sec. 3167), relativo al pago; 1304 (31 L.P.R.A. see. 3644), relativo a los bienes gananciales; 1407 (31 L.P.R.A: see. 3912), relativo al retracto; 1679 (31 L.P.R.A. see.*319 4681), relativo al depósito; 1766 (31 L.P.R.A. see. 5025), relativo a la prenda; etc. Y, sobre todo, véanse los artículos 1795 a 1801 (31 L.P.R.A. sees. 5221 a 5127), relativos al cobro de lo indebido. Ante la multiplicidad de estos textos especiales es forzoso ad-mitir que el Código Civil encierra un conjunto de disposiciones que demuestran que el legislador ha reconocido de un modo general la existencia del principio referido. Además, conforme dice Planiol, dicho principio se impone como una regla necesa-ria de equidad, siendo “una de esas raras reglas de derecho natural que dominan todas las leyes, aún cuando el legislador no se haya tomado especialmente el cuidado de formularlas”. (Enfasis suprimido y escolio omitido.) G. Velázquez, Las obliga-ciones según el Derecho puertorriqueño, Santurce, Equity de P.R., 1964, pág. 133.
Aunque tradicionalmente la doctrina de enriquecimiento injusto se discutía en el contexto de los contratos y cuasicontratos, ya se le considera como un principio general que opera en todo el ámbito del Derecho. Nuestra jurisprudencia ha reconocido la existencia de otras situaciones de las cuales puede derivarse una obligación exigible por virtud de este principio. Véanse: Moring-lane & Lledó v. Skerret, 44 D.P.R. 874 (1933); Morales v. Municipio de Toa Baja, 119 D.P.R. 682 (1987); Plan Bienestar Salud v. Alcalde Cabo Rojo, 114 D.P.R. 697 (1983); Silva v. Comisión Industrial, 91 D.P.R. 891 (1965); Compañía Popular v. Corte, 63 D.P.R. 121 (1944); Ortiz Andújar v. E.L.A., 122 D.P.R. 817 (1988); A.E.E. y A.A.A. v. P.N.P, 128 D.P.R. 294 (1991).
Según Puig Brutau, “[d]e enriquecimiento injusto se ha-bla propiamente cuando la ley no ha previsto una situación en la que se produce un desplazamiento patrimonial que no encuentra una explicación razonable en el ordena-miento vigente”. Puig Brutau, op. cit., pág. 44. El problema central que atiende esta doctrina es que se haya verificado una atribución “sin causa”. Esta atribución es al mismo tiempo la fuente de dos (2) fenómenos paralelos: el enri-quecimiento de un patrimonio y el correspondiente empo-brecimiento de otro. “Para restablecer el equilibrio ... entre
... el centro de gravedad de la teoría del enriquecimiento sin causa se encuentra en el hecho de que, de conformidad con el ordenamiento jurídico formal, se verifican desplazamientos pa-trimoniales, que, por carecer de causa, engendran un derecho a la restitución.
En Ortiz Andújar v. E.L.A., supra, indicamos los requisitos para la aplicación de la doctrina de enriquecimiento, a saber: (1) la existencia de un enriquecimiento; (2) un correlativo empobrecimiento; (3) una conexión entre ese enriquecimiento y el empobrecimiento, y (4) la inexistencia de un precepto legal que excluya la aplicación del enriquecimiento sin causa.
Si luego que se vea el caso en su fondo se determina judicialmente que están presentes estos cuatro (4) requisi-tos, entonces procedería la acción por enriquecimiento injusto.
Queremos enfatizar que no encontramos en nuestro ordenamiento jurídico ningún precepto legal que sirva de base para impedir en el caso de marras la aplicación de la doctrina de enriquecimiento injusto. Al contrario, a la luz de nuestro ordenamiento la reclamación del Municipio, de ser ciertos los hechos alegados, no sólo es legítima, sino que está revestida de gran interés público y fundamentada en la propia Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Sólo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines públicos y para el sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del Estado, y en todo caso por autoridad de ley.
Por otro lado, nuestro Código Penal en el Art. 216 (33 L.P.R.A. sec. 4391), titulado “Delitos contra fondos públicos”, prohíbe en su inciso a el que un funcionario o empleado público o toda persona encargada de recibir, guardar, traspasar o desembolsar fondos públicos sin autoridad legal se los apropie en todo o en parte, para beneficio particúlar o el de otra persona. Se trata de un delito que conlleva una pena de cárcel severa y que tiene la característica de ser imprescriptible. Véase Art. 78 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. see. 3412.
Con el fin de promover y preservar la integridad de los funcionarios del Gobierno del Estado Libre Asociado nuestra legislatura también ha creado leyes especiales tales como la Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, en cuya exposición de motivos se dijo que:
Hay ocasiones en que, por desventura, surgen unas acciones improcedentes por parte de algunos funcionarios que, al incu-rrir en claras faltas a las normas de ética, ponen en riesgo la estabilidad del soporte moral del Estado. Es intolerable que existan funcionarios públicos en representación de la adminis-tración del Gobierno que puedan lucrarse del patrimonio del pueblo. Los conflictos de intereses, especialmente financieros, en abierta violación a las leyes son también intolerables. Expo-sición de Motivos de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, Leyes de Puerto Rico, pág. 709.
Este Tribunal también ha censurado las actuaciones in-debidas de funcionarios públicos que se lucran de los fon-dos del Estado. En opinión concurrente en A.E.E. y A.A.A.
La corrupción y el desembolso indebido o ilegal de fondos públicos —en sus formas múltiples, a veces burdas y otras so-fisticadas— son actos incompatibles con el sistema de gobierno democrático consagrado en nuestra Constitución y apuntalado en el respeto a la dignidad humana y los dineros del pueblo como único soberano. No importa las modalidades que adopten ni la jerarquía del funcionario involucrado, las mismas son intolerables. En última instancia, quien verdaderamente se perjudica, no sólo en lo económico sino en lo moral, es la ciuda-danía en general independientemente de su afiliación política. Es, pues, obligación de los tribunales reivindicar esos valores fundamentales. (Enfasis suprimido.)
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Resumiendo lo que hemos señalado anteriormente, la acción estrictamente para recobrar fondos públicos obtenidos ilícitamente no surge bajo el Art. 1802 del Código Civil, supra. Tampoco procede la acción real de reivindicación que provee el Art. 393 del Código Civil, supra. Se trata más bien de una acción de naturaleza personal, como la que tiene el principal que reclama la devolución de los fondos que un agente ha retenido sin autorización; y, más genéricamente, como la que procede para vindicar un enriquecimiento sin causa.
Recientemente, en E.L.A. v. Asoc. Empleados Obras Pub. Mun., supra, tuvimos la ocasión de considerar una acción instada por el Estado para recobrar un alegado desembolso ilegal de fondos públicos. Aunque finalmente la acción no prevaleció porque determinamos que el desembolso en cuestión no era ilegal, sí resolvimos que para fines de prescripción la acción aludida era una personal de cobro de dinero. Evidentemente, dicha acción es muy parecida, análoga, a la que ahora tenemos ante nos. Siendo la acción que nos ocupa una acción personal sin término de prescrip-
Al deducir este plazo de prescripción hemos considerado los intereses en conflicto de las partes involucradas en la controversia. Por un lado, se encuentra el interés del Es-tado en recobrar los fondos públicos que alegadamente le fueran ilegalmente sustraídos; y del otro lado, se encuen-tra el interés de los demandados de que no prospere una reclamación por actos ilícitos ocurridos hace alrededor de catorce (14) años.
El justo balance de estos intereses en el caso de autos nos lleva a concluir que debe prevalecer el derecho del Es-tado para reclamar su acción ante el derecho de los deman-dados a no estar sujetos indefinidamente a posibles recla-maciones en su contra. Como anteriormente señalamos, la apropiación ilegal de fondos públicos constituye un delito bajo nuestro Código Penal vigente. Dada la naturaleza im-prescriptible de la acción penal derivada de dicho delito, si el demandado supera su actual condición mental, el Estado puede en cualquier momento en la vida de éste promover un proceso penal en su contra.
Aunque sobre este fundamento posiblemente pudiéra-mos declarar imprescriptible la acción del Estado para re-cobrar fondos ilegalmente apropiados, estimamos que el período de quince (15) años dispuesto en el Art. 1864, supra, le brinda un término razonable al Estado dentro del cual pueda vindicar su obligación de recuperar los fondos públicos. El término de quince (15) años es lo suficiente-mente amplio para que el Estado realice todas aquellas gestiones necesarias para incoar un pleito civil de esta na-turaleza, a saber, investigaciones de la Oficina del Contra-
Por otro lado, aunque en Olmo v. Young & Rubicam of P.R., Inc., supra, habíamos hecho referencia a la tendencia moderna de acortar los términos de prescripción de las ac-ciones, entendemos que existen razones de orden público que exigen que el término de prescripción para instar una acción para recobrar fondos públicos ilegalmente apropia-dos deba ser mayor de un (1) año, de suerte que se le per-mita al Estado recobrar real y efectivamente dichos fondos que pertenecen al erario. Resolver lo contrario tendría el efecto de frustrar la política pública encarnada en la propia Constitución de Puerto Rico y tendría el efecto de coartar o debilitar el mecanismo que constitucionalmente y por mandato de ley se estableció con el propósito de controlar el uso ilegal de fondos públicos. Coincidimos con el argu-mento de la parte recurrente a los efectos de que debe con-siderarse como punto de partida para ejercitar la presente acción la fecha en que concluyó la intervención por parte de la Oficina del Contralor y se hizo público su informe, es decir el 27 de octubre de 1978. Presentada la demanda el 22 de junio de 1988, antes de expirar el término prescrip-tivo de quince (15) años, declaramos que la acción personal no estaba prescrita.
Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la sen-tencia del Tribunal Superior y se devuelve el caso para que continúen los procedimientos conforme a esta opinión.
El Juez Asociado Señor Negrón García concurrió con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Re-bollo López disintió mediante opinión escrita.
Informe de Intervención M-79-3 de 27 de octubre de 1978. Exhibit VIII, págs. 25-41.
Se notará una diferencia entre la cifra señalada en el informe del Contralor y la cifra que finalmente se alegó en la demanda. Esta diferencia surge porque el Departamento de Justicia de Puerto Rico llevó a cabo una evaluación independiente del caso y reclamó en la demanda solamente la cantidad que podía probar a la luz de la prueba documental y testifical.que obraba en su expediente.
El Código Penal dispone la restitución como pena accesoria en casos de apro-piación ilegal agravada (Art. 166 (33 L.P.R.A. see. 4272)), pero ello no es de aplicación aquí en vista de que el demandado no sólo no ha sido convicto de delito alguno por razón de los hechos de este caso, sino que además ni siquiera fue acusado de dicho delito. El demandado fue acusado por el delito contra fondos públicos (Art. 216 (a), 33 L.P.R.A. sec. 4391a), el cual conlleva pena de reclusión hasta un máximo de diez (10) años, pero no dispone la restitución como pena.
De los autos consta que no existía un contrato formal entre el demandado y el Municipio de Cayey (en adelante Municipio). Sólo había un formulario que acre-ditaba que el Municipio le había extendido un nombramiento al demandado para el puesto de Recaudador Auxiliar. Quizás por esta razón la parte demandante no pre-sentó expresamente una acción por incumplimiento de contrato. No tenía a su favor una cláusula contractual que expresamente fijara el deber de restituir los fondos recaudados cuando éstos se habían retenido para uso propio. Claro está, ello no significa que no se pudiera inferir la existencia de tal deber contractual, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1210 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3375. De haberse hecho tal alegación, sin embargo, hubiese sido necesario realizar una exploración de fuen-tes jurídicas similar a la que hacemos en esta opinión.
Hemos establecido que la verdadera naturaleza de la acción que se ejercita es determinada por las alegaciones contenidas en la demanda y no por el título consig-nado en ésta. Véase Muñoz v. Pardo, 68 D.P.R. 612 (1948).
Reiteramos que por estar ante nos una situación en la cual no existe dispo-sición legislativa expresa que directamente resuelva la cuestión, es nuestro deber resolver la controversia planteada a la luz del precepto contenido en el segundo párrafo del Art. 7 del Código Civil que dispone “[c]uando no haya ley aplicable al caso, el tribunal resolverá conforme a equidad, que quiere decir que se tendrá en cuenta la razón natural de acuerdo con los principios generales del derecho 31 L.P.R.A. see. 7.
Dissenting Opinion
Opinión disidente emitida por el
No obstante lo difícil que se hace entenderlo —y acep-tarlo, desde un punto de vista jurídico— un análisis dete-nido de la opinión mayoritaria emitida demuestra que la decisión del Tribunal de revocar la sentencia sumaria dic-tada por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Gua-yama, descansa en el sorprendente y tortuoso razonamiento de que como nuestro ordenamiento jurídico, alegadamente, no contiene un precepto legal específico que le permita al Estado recobrar fondos públicos ilegalmente apropiados por un empleado público deshonesto, con relación a ello se debe recurrir a la acción “genérica” provista por la doctrina del enriquecimiento injusto, acción sui generis a la cual —conforme resuelve el Tribunal— procede aplicarle el tér-mino prescriptivo de quince (15) años que establece el Art. 1864 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 5294.
Dicho razonamiento resulta ser, por lo erróneo, alta-mente sorprendente. Es verdaderamente inexplicable que este Tribunal, con el aparente propósito de subsanar una actuación a todas luces negligente de la Rama Ejecutiva, le dé la espalda a, y/o varíe, doctrinas firmemente estableci-das en nuestra jurisdicción. No le corresponde a este Tribunal “sacarle las castañas del fuego” al Estado. Nuestra función se limita a velar porque se haga cumplida justicia, independientemente de quiénes son los litigantes en el pleito ante nuestra consideración.
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Los hechos, pertinentes y materiales, del caso son sor-prendentemente sencillos. El 27 de octubre de 1978, la Ofi-cina del Contralor de Puerto Rico hizo público un informe
El Ministerio Público radicó denuncia ante el foro judicial contra Soto Santiago por una supuesta infracción al Art. 216 del vigente Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. see. 4391. El proceso, en sus méritos, nunca pudo ser celebradp; ello debido a que Soto Santiago fue decla-rado “mentalmente incapacitado” para ser sometido a juicio.
El 22 de junio de 1988 el Secretario de Justicia de Puerto Rico —en representación del Municipio de Cayey y actuando al amparo de las disposiciones de la Ley Núm. 17 de 8 de mayo de 1973— radicó ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Guayama, una demanda “sobre: cobro de dinero” contra Ángel Soto Santiago, su esposa Benita López Soto, y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos. En lo pertinente, se alegó en dicha demanda que “el demandado Ángel Soto Santiago se apropió ilegal-mente de fondos públicos por un monto de $14,418.18 mientras se desempeñaba como recaudador” del Municipio de Cayey. Esto es, la base u origen de la acción sobre cobro de dinero radicada lo es, precisamente, el acto delictivo ale-gadamente cometido por el codemandado Soto Santiago.
Luego de contestada la demanda, la parte demandada radicó una solicitud de sentencia sumaria. En la misma alegó, en síntesis y en lo pertinente, que la acción radicada estaba prescrita por razón de que a la misma le era de aplicación el término prescriptivo de un (1) año que esta-
En el día de hoy, como expresáramos al comienzo, el Tribunal revoca la referida sentencia. Disentimos; veamos por qué.
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El obstáculo jurídico infranqueable con que se confronta la opinión mayoritaria radica en el hecho de que la doc-trina sobre enriquecimiento injusto es una en equidad que únicamente puede ser invocada “ ‘cuando la ley no ha pre-visto una situación en la que se produce un desplaza-miento patrimonial que no encuentra una explicación ra-zonable en el ordenamiento vigente’ Ortiz Andújar v. E.L.A., 122 D.P.R. 817, 822 (1988). En otras palabras, la acción civil que hoy por fiat judicial, errónea e innecesaria-mente, crea o fabrica la Mayoría —una, en las propias pa-labras del Tribunal, “mas bien de ... naturaleza personal... y, más genéricamente, como la que procede para vindicar un enriquecimiento sin causa” —(énfasis suprimido) opi-nión mayoritaria, pág. 322— no procede por cuanto para que la misma tenga eficacia resulta necesario que el Es-tado “ ‘no tenga ninguna otra acción para obtener resarci-miento’ ”. El Toro Electric Corp. v. Zayas, 106 D.P.R. 98, 102 (1977).
Procede, en consecuencia, que nos cuestionemos si nues-tro ordenamiento jurídico contiene, o le provee al Estado, un precepto, o vehículo, estatutario que le permita reco-brar fondos públicos ilegalmente apropiados por un em-pleado público deshonesto. La contestación en la afirma-: tiva “resalta a la vista y hiere la retina”. In re Roldán González, 113 D.P.R. 238, 242 (1982). Nos explicamos.
Establece el Art. 1802 del vigente Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5141, que:
El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. La imprudencia concurrente del perjudicado no exime de respon-sabilidad, pero conlleva la reducción de la indemnización. (En-fasis suplido.)
Reiteradamente hemos expresado que “[e]l concepto de culpa del Art. 1802 del Código Civil —ed. 1930— es infini-tamente abarcador, tan amplio y abarcador como suele ser la conducta humana”. (Énfasis suplido.) Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, 98 D.P.R. 305, 310 (1970). Según expresa-mos en el citado caso de Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, pág. 313, “[e]l concepto de la culpa incluye todo tipo de trans-gresión humana tanto en el orden legal como en el orden moral, y ... lleva en sí el presupuesto de la ilicitud y la antijuridicidad —lo contrario a Derecho”. Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, ante. “Es ilícita aquella conducta que esté en contra del mínimo sobreentendido del orden de la vida.” Ramos v. Cario, 85 D.P.R. 353, 359 (1962).
Por otro lado, es norma firmemente establecida por este Tribunal que el concepto de culpa al cual se alude en el Art. 1802 del Código Civil, ante, incluye actos delictivos según definidos en el vigente Código Penal. En específico, y en relación con las “obligaciones civiles nacidas de los delitos o faltas” de que habla el Art. 1045 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2995, hemos resuelto que a dichas obligacio-nes civiles nacidas de delitos le aplican las disposiciones del citado Art. 1802. A esos efectos, véanse: Guzmán v. Vidal, 19 D.P.R. 841 (1913); Reyes v. Aponte, 60 D.P.R. 890 (1942); H.M. Brau del Toro, Los daños y perjuicios extra-contractuales en Puerto Rico, San Juan, Pubs. J.T.S., 1986, Vol. I, Cap. 1, pág. 57.
No obstante, en esta jurisdicción, al igual que en Es-paña, existen otras modalidades en que sí procede la ac-ción ex delicto. A esos efectos, este Tribunal ha resuelto en varias ocasiones que aunque exista una relación contractual o una relación jurídica previa, la acción en daños y perjuicios procede cuando la misma surge del incumpli-miento de unas obligaciones y unos deberes impuestos por la ley que son necesarios a la convivencia social. Ocasio Juarbe v. Eastern Airlines, Inc., 125 D.P.R. 410 (1990); Santiago Nieves v. A.C.A.A., 119 D.P.R. 711 (1987); Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232 (1984); Chévere v. Cátala, 115 D.P.R. 432 (1984); Mejias v. López, 51 D.P.R. 21 (1937), entre otros. Brau del Toro, op. cit, págs. 42-47. En adición, somos del criterio que el hecho de que exista un contrato o una relación jurídica previa no excluye automáticamente la responsabilidad extracontractual. Véase Ramos v. Orientalist Rattan Furnt., Inc., 130 D.P.R. 712 (1992).
En el caso particular ante nuestra consideración, como certeramente señala la parte demandada recurrida, el in-cumplimiento por parte de Soto Santiago de su deber de entregarle al Municipio de Cayey los fondos por él recau-dados constituye el quebrantamiento de un deber impuesto por la ley y no de una obligación contractual. Véase Ocasio Juarbe v. Eastern Airlines, Inc., ante.
IV
¿Constituye el dinero efectivamente sustraído por el co-demandado Soto Santiago un “daño” reparable bajo el ci-tado Art. 1802 del Código Civil?
De entrada aceptamos que, de ordinario, la sustracción de fondos públicos puede ocasionar, en adición al daño con-sistente en el dinero sustraído, otros daños adicionales al erario, daños a los que hace referencia la Opinión mayori-taria emitida.
El “daño” es el mal, perjuicio, deterioro, menoscabo,
Entre las clasificaciones de daños recobrables bajo el ci-tado Art. 1802 están los daños patrimoniales. El daño patrimonial puede manifestarse como la pérdida o disminu-ción de valores ya existentes; esto es, como un empobrecimiento del patrimonio. Brau del Toro, op. cit., pág. 428. Esto se conoce también como daño emergente o positivo. El daño patrimonial también es definido como el menoscabo patrimonial sufrido por la víctima y comprende tanto el desembolso efectivo como la ganancia frustada o que haya dejado de obtener. A. Yagüez, La responsabilidad civil, Bilbao, Publicaciones de la Universidad de Deusto, 1988, Vol. 26, pág. 223. Puig Brutau (citando a De Cupis) define “daño emergente” como aquél efectuado cuando el objeto del daño es un interés actual, o sea, el interés rela-tivo a un bien que ya corresponde a una persona en el instante en que el daño se ha ocasionado. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, T. II, Vol. 3, pág. 182.
El daño causado bajo las disposiciones del Art. 1802, ante, puede ser reparado en dos formas: la reparación natural o reintegración en forma específica y la reparación mediante indemnización pecunaria. Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 D.P.R. 443 (1985). La indemnización pecunia-ria “crea una situación patrimonial que equivale a la des-truida por el daño causado”. Puig Brutau, op. cit., pág. 191. La medida del daño resarcible tiene un carácter objetivo
Conforme lo anteriormente expuesto, entendemos que la acción del Estado instada con el propósito de recobrar unos fondos que ilegalmente se apropió el demandado es una en reclamación de daños patrimoniales, los cuales son recobrables bajo el citado Art. 1802. El hecho de que el Estado solamente haya reclamado esta partida de daños en específico, renunciando a las otras, no tiene el efecto de excluir una causa de acción bajo el Art. 1802, ante. La par-tida reclamada en la demanda es un daño derivado direc-tamente de la alegada apropiación ilegal. Ese daño consiste en una disminución patrimonial ocasionada por un acto ilícito del demandado.
En vista de lo expresado, resulta obvio que no procede una acción de enriquecimiento injusto en el caso de autos. No se cumple con el requisito de inexistencia de un precepto legal que esté disponible al demandante para resarcir su lesión patrimonial. El demandante tenía a su disposición una causa de acción bajo el Art. 1802, ante. La conducta imputada al codemandado Soto Santiago establece una apropiación ilegal de fondos públicos que, de ser probada, constituye un acto culposo que causa un daño patrimonial al Estado, recobrable bajo las disposiciones del Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, ante.
Siendo ello así, el Estado demandante tenía el término de un año, que establece el Art. 1868 del Código Civil, ante, para radicar la acción en cobro del dinero ilegalmente apropiado por el codemandado Soto Santiago.
Procede que se enfatice y aclare que el Secretario de Justicia de Puerto Rico radicó —en adición a, y conjuntamente con, la demanda— una moción en la cual solicitaba del tribunal de instancia que se le nombrara un “tutor y/o defensor judicial” al codemandado Soto Santiago.
En Ocasio Juarbe v. Eastern Airlines, Inc., 125 D.P.R. 410, 418 (1990), ex-presamos que las “acciones en daños y perjuicios proceden cuando ha habido una violación de un derecho que se concede o la omisión de un deber impuesto por ley. El Art. 1802 del Código Civil, supra, le impone la obligación a quien causa un daño,
Como se expresa en la opinión mayoritaria, pág. 312, entre dichos daños sé encuentra “ ‘[el] perjuicio patrimonial [que causa] el dar a los caudales del Estado un destino diferente del que tenía asignado, que obliga a proveer con otros medios eco-nómicos no previstos a las necesidades que aquellos caudales habían de cubrir o dejar desatendidos los servicios públicos para los que habían sido presupuestados’ ”.
Se ha establecido que la verdadera naturaleza de la acción que se ejercita se determina no por el título que se consigna en la demanda y sí por las alegaciones contenidas en ella. Muñoz v. Pardo, 68 D.P.R. 612 (1948).
Sobre este aspecto, Vélez Torres nos dice:
“La prescripción anual que el articulo 1868 dispone para las acciones orien-tadas a exigir responsabilidad por actos culposos y negligentes según dispone el artículo 1802 se refiere a todas las acciones delictuales, es decir, no sólo a aque-llas que nacen como consecuencia de actos negligentes o culposos, sino también a las resultantes de actos que son considerados delitos por el Código penal y otras leyes especiales.” J. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil, San Juan, Ed. Art. Printing, 1981, T. IV, Vol. 1, págs. 61-62.