28 P.R. Dec. 753 | Supreme Court of Puerto Rico | 1920
emitió la opinión del tribunal.
La presente es nna apelación contra orden de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, declarando sin lugar una petición de injunction de Camilo Miguel para que ■se ordene al Tesorero de Puerto Eico se abstenga de efec-tuar el pago de $10,000 a Harry S. Hubbard, Emilia Cbabert o Jesse Hubbard, como precio de la compra ele cierta finca rústica para Hospital de Tuberculosos.
La parte demandada, o sea el Tesorero de Prmrto Eico hizo comparecencia especial ante dicha corte para impugnar su jurisdicción por tratarse en realidad de una acción contra El Pueblo de Puerto Eico, el cual no había prestado su con-sentimiento para ser demandado, y además excepcionó la de-manda por el mismo fundamento, por falta de capacidad del demandante para demandar, por defecto de partes deman-dadas y por no aducir la demanda hechos suficientes para determinar una causa de acción.
La corte por resolución de 9 'de octubre de 1919 declaró' sin lugar la petición de injunction y anuló la orden restric-tiva dirigida al Tesorero de Puerto Eico en 6 de septiembre anterior, habiendo llegado en su opinión a la siguiente con-clusión :
“La corte no tiene jurisdicción- en este caso, que sustancial y lógicamente es contra El Pueblo de Puerto Rico, es- decir, una ac-ción ‘ageánst lite-sovereign’’ y en el que El-Pueblo- de Puerto Rico no ha consentido, en ser demandado.”
Y luego agrega:
“Resuelta esta excepción sería superflúo resolver las otras pro-iraestas. Puede no obátante decir la corte que realmente hay de-fecto de partes demandadas porque en este concepto han debido figurar en el caso tanto El Pueblo de Puerto Rico como los vende-*755 dores de la finca, y asimismo, en la petición de injunction faltan alegaciones de hecho esenciales en cnanto a la extravagancia, ilega-lidad o irregularidad del contrato o del pago.”
No hay duela. alguna acerca de que El Pueblo de Puerto Eico no puede ser demandado sin su consentimiento, pues ya en el caso de El Pueblo de Puerto Rico v. Rosaly y Castillo, 227 U. S. 270, s'e resolvió que “no está sujeto a con-troversia pues a menos que exista excepción, el gobierno es-tablecido por la Ley Orgánica en Puerto Eico es de tal natu-raleza que está comprendido dentro de la regla general que exime a un gobierno soberano en sus facultades de ser de-mandado sin su consentimiento.”
El hecho capital para determinar si una acción contra un funcionario público es una acción contra el estado, depende no del carácter del cargo del demandado, sino de la natura-leza del pleito o del remedio solicitado. 44 L. R. A. (N. S.) 191 (nota).
Para determinar la naturaleza del pleito que se establece y el carácter del remedio solicitado,- examinemos las alega-ciones de la demanda.
En la demanda alega el demandante que en los meses de ■enero o febrero de 1918 el Comisionado de Sanidad de Puerto Eico, Alejandro Euiz Soler, celebró un supuesto contrato de compraventa con Harry S. Hubbard y su esposa Emilia Cha-‘be'rt, a virtud del cual dicho Comisionado de Sanidad se com-prometía a comprár cierta parcela de terreno de unas 35 cuerdas más o menos, situada en el kilómetro 3 de la carre-tera que de Eío Piedras conduce a Carolina, con el fin de instalar allí un hospital o sanatorio de tuberculosos; que con posterioridad a la fecha del contrato el Comisionado de Sa-nidad recibió de don Pedro Arzuaga, como donativo, una finca de cien cuerdas de terreno con el expresado fin, en la cual ha establecido el Departamento de Sanidad de Puerto Eico un importante Sanatorio de Tuberculosos, suficiente para atender a todas las necesidades de la isla, habiendo mani-festado con tal motivo el Departamento de Sanidad por me-
Las anteriores alegaciones, que debemos aceptar como ciertas en cuanto contienen hechos, pero no en cuanto en-vuelven conclusiones legales, muestran que el Comisionado de Sanidad de Puerto Rico celebró un contrato de compra-venta de terrenos para la instalación de un Sanatorio do Tuberculosos, por precio superior a su valor real y efectivo y que esa adquisición había llegado a ser innecesaria para los fines a que se destinaba a virtud de donativo de otros terrenos en que se ha establecido dicho sanatorio. No se ha hecho alegación alguna tendente a demostrar que tal .con-
La sección 19 de la Ley Jones prescribe que “el Comi-sionado de Sanidad tendrá a su cargo generalmente todos los asuntos relacionados con la salud, sanidad y beneficencia públicas, excepto aquellos que se relacionen con el servicio de cuarentena marítima y desempeñará las demás obligacio-nes que se le asignaren por la ley.” T las Leyes No. 71 y 89 atque hemos hecho referencia presupuestan, la primera, la suma de $20,000, y $40,000 la segunda “para asistencia de pacientes tuberculosos incluyendo compra y reparación de equipo, construcción y reparación de edificios y aseguro de equipo y edificios, propiedad de El Pueblo de Puerto Rico y utilizados como sanatorio, e incluyendo además lá compra de los terrenos necesarios, pago de personal y gastos de trans-porte de pacientes y otros gastos.”
Tenemos, pues, que el contrato de que se trata se celebró por Ruiz Soler en su capacidad oficial de Comisionado de Sanidad con Harry S. Hubbard y -su esposa Emilia Chabert, no teniendo Ruiz Soler personalmente interés alguno en el contrato, sino El Pueblo de Puerto Rico.
La acción de injunction ejercitada tiende a impedir que sf Heve a efecto por una de las partes contratantes, o sea por El Pueblo de Puerto Rico, el pago del precio del terreno, por más que dicha acción se dirija contra el Tesorero de Puerto Rico, pues éste al verificar el pago no había de pro-ceder como parte en el contrato, en el que no tiene interés alguno particular, sino en virtud de las facultades que le asigna la sección 15 a de la Ley Jones, entre las cuales está la de recaudar y custodiar los fondos públicos, desembolsando
La acción real y efectivamente se dirige contra el sobe-rano, Pueblo de Puerto Rico, pues el despacho del injunction en último término afectaría a El Pueblo de Puerto Rico, im-pidiendo el cumplimiento del contrato por éste celebrado con Harry S. Hubbard y Emilia Ohabert. Este mismo contrato ya ba sido objeto de discusión bajo otro aspecto distinto en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico y resuelto por la Corte de Circuito de Apelaciones del Primer Circuito, en el caso de Soler, Comisionado de Sanidad v. Scoville et al., 253 Fed. Rep. 932, en cuya resolución Ta mencionada Corte de Circuito se expresó en los siguientes términos
“No se alega en la demanda que al elegir el sitio el demandado actuara de mala fe y fuera de sus atribuciones, y a falta de tal ale-gación deberá presumirse que actuó de buena fe y dentro de sus facultades. En vista de tal situación y considerado el hecho de que la demanda ha sido entablada contra Soler en su capacidad oficial de Comisionado de Sanidad, surge la cuestión de si en rea-lidad la acción no es contra el soberano, El Pueblo de Puerto Rico. En cuanto a esto no tenemos duda alguna. La acción se ha estable-cido para que no se perfeccione el contrato en el cual el demandado personalmente no tiene interés y en el que solamente está interesado El Pueblo de Puerto Rico. La acción real y efectivamente es contra el soberano. In re Ayers, 123 U. S. 443, 503, 8 Sup. Ct. 164, 31 L. Ed. 216; Minnesota v. Hitchcock, 185 U. S. 373, 22 Sup. Ct. 650, 46 L. Ed. 954; Murray v. Wilson Distilling Co., 213 U. S. 151, 29 Sup. Ct. 458, 53 L. Ed. 742; Wells v. Roper, 246 U. S. 335, 38 Sup. Ct. 317, 62 L. Ed. 755. Y si dicho soberano no ha prestado su consentimiento para ser demandado, la acción no puede ser sos-tenida.”
La doctrina que dejamos transcrita es aplicable al pre-sente caso porque en él también el Tesorero de Puerto Rico
Ciertamente que la Ley Jones invocada por el apelante en sn sección 2a. establece que “no se pagará dinero alguno del Tesoro a no ser en virtud de una asignación hecha por ley y mediante libramiento expedido por el funcionario co-rrespondiente de acuerdo con dicha ley;” pero en el presente caso hubo asignación hecha por ley y como hemos dicho antes no se lia hecho alegación alguna de que el Tesorero tratara de pagar los $10,000 sin libramiento expedido por el auditor. En cuanto a que el Comisionado de Sanidad de Puerto Eico ha hecho en su presupuesto de gastos una o varias transfe-rencias de fondos por la suma de $9,000 aproximadamente, de una manera ilegal y en contravención abierta con las leyes generales del país, según se alega en la petición de injunction, dicha alegación no expresa hecho alguno tendente a demostrar la ilegalidad pretendida y esa transferencia pudo estar autorizada por el Gobernador, usando para ello de la facultad qué le confiere la Ley No. 54 de abril 12, 1917, y la otra Ley No. 89 aprobada en diciembre 7, 1917, las cuales establecen que “cuando a juicio del Gobernador los intereses del servicio lo requieran podrá traspasar cantidades asigna-das en el presupuesto para un departamento determinado del Gobierno Insular a otras asignaciones para el mismo depar-tamento, y podrá asimismo autorizar transferencias de asig-naciones de una subdivisión a otra' subdivisión. ” Le todos modos, la petición de injunction, según las alegaciones de la demanda tiende a impedir en absoluto el pago del precio de los terrenos de que se trata al vendedor y no a impedir que se haga ese pago con fondos determinados. Esa es la teoría de la demanda. Los casos citados por el apelante en apoyo del recurso, Ex parte Young, 209 U. S. 123, y Greene v. Louis & Interurban Railroad Company, 244 U. S. 490, no son de aplicación al presente, en que se trata de impedir el cumpli-miento de un contrato que por más que se califique de su-puesto no se hace alegación alguna que origino esa conclusión.
Es de confirmarse la sentencia apeláda.
Confirmada la resolución apelada.
