Número: CE-85-790 | Supreme Court of Puerto Rico | Jun 30, 1986
emitió la opinión del Tribunal.
La demora y falta de diligencia en la tramitación de los asuntos a través de los tribunales ha sido y es motivo de gran preocupación para este Tribunal, pues atenta contra el principio rector que impera en todo nuestro ordenamiento procesal: que las controversias en los tribunales se solucionen de una manera justa, rápida y económica. (
La demanda en este caso se presentó el 2 de octubre de 1984; (
El 3 de junio de 1985 la nueva representación legal de la parte demandante presentó cuatro mociones para: (1) asu-mir la representación legal; (2) solicitar que se dejara sin efecto una sanción de ciento cincuenta dólares ($150) que se le había impuesto por no contestar un pliego de interrogato-rios sometido por las codemandadas Texaco de Puerto Rico, Inc. (en adelante Texaco) y American International Insurance Co. (en adelante American) el 8 de mayo de 1985; (3) solicitar la sustitución del demandante Sr. Francisco Lluch por su sucesión (el demandante falleció el 4 de mayo de 1985), y (4) por último, solicitar que se le permitiera comen-zar el descubrimiento de prueba. En la moción sobre descu-brimiento de prueba los demandantes solicitaron además, que se les concediera cuarenticinco (45) días para comenzar el
Así las cosas, el 17 de junio de 1985 el tribunal emitió una orden que concedía las mociones para asumir la representa-ción legal, sustituir parte y solicitar permiso para comenzar el descubrimiento. Con respecto al relevo de la sanción el tribunal ordenó a las codemandadas Texaco y American mostrar causa dentro del término de diez (10) días “por las cuales no [debiera] acceder a la solicitud de los demandantes”. Las codemandadas no comparecieron a mostrar causa y el tribunal no resolvió esta moción.
El 29 de julio de 1985 la parte demandante envió el primer pliego de interrogatorios a los demandados. El primero de ellos en contestar, el 9 de agosto, fue el codemandado Ar-cadio Romero Zambrana. El 4 de septiembre, éste remitió a los demandantes, una serie de documentos relacionados con el interrogatorio. Antes de que las codemandadas Texaco y American contestaran su interrogatorio, y apenas seis (6) días después que la codemandada Corporación Insular de Seguros (en adelante Insular), sometiera su contestación,(
El 22 de octubre de 1985 el tribunal concedió permiso para presentar demanda enmendada, la cual fue presentada ese mismo día. Las codemandadas Texaco y American contesta-ron esta demanda el 31 de enero de 1986 y los codemandados Romero Zambrana e Insular el 20 de febrero de 1986.
El descubrimiento de prueba y el término de sesenta (60) días para concluir lo establecido en la Regla 23.U de las de Procedimiento Civil
En el caso de autos se nos brinda la oportunidad de interpretar el alcance de la Regla 23.4 de las de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. Ill, R. 23.4), que establece el término de sesenta (60) días, contados a partir de “la contestación a la demanda, reconvención, demanda contra tercero y demanda contra coparte” para concluir las gestiones relacionadas con el descubrimiento de prueba. Esta regla es autóctona. Fue introducida a nuestro ordenamiento jurídico en 1974 mediante enmienda a la Regla 34 de las anteriores Reglas de Procedimiento Civil por la Ley Núm. 143 de 23 de julio de 1974. (
Las partes concluirán las gestiones relacionadas con el descubrimiento de prueba dentro del término de sesenta (60) días siguientes a la notificación de la contestación a la demanda, reconvención, demanda contra tercero y demanda contra coparte. El tribunal tendrá facultad para prorrogar o acortar dicho término según las circunstancias del caso lo ameriten y garanticen una pronta solución de la contro-versia.
El tribunal puede variar el término establecido por la Regla 23.4 según lo requieran las circunstancias específicas de cada caso para garantizar que se cumpla con el objetivo fundamental de nuestro sistema procesal: lograr una solución justa, rápida y económica de la controversia. Regla 1 de las de Procedimiento Civil de 1979; García Negrón v. Tribunal Superior, 104 P.R. Dec. 727" court="None" date_filed="1976-03-31" href="https://app.midpage.ai/document/garcía-negrón-v-tribunal-superior-8560819?utm_source=webapp" opinion_id="8560819">104 D.P.R. 727, 729 (1976).
Al ejercer su discreción de prolongar o acortar el término para realizar el descubrimiento de prueba, el tribunal deberá hacer un balance entre dos intereses de gran importancia para el adecuado desenvolvimiento de la labor de impartir justicia a través del sistema judicial: de una parte deberá garantizar la pronta solución de las controversias, y de otra, velar por que las partes tengan la oportunidad de llevar a cabo un amplio descubrimiento de forma tal que en la
El esquema general adoptado por las Reglas de Procedimiento Civil de 1979 fue dejar en las manos de los abogados el trámite del descubrimiento de prueba; así se fomenta una mayor flexibilidad y cooperación entre ellos en esta crucial etapa del procedimiento judicial. (
En el caso ante nuestra consideración la parte deman-dante, luego de obtener permiso del tribunal para comenzar
Como regla general, los tribunales no deben permitir el uso de los mecanismos procesales fuera de los términos establecidos en las Reglas de Procedimiento Civil de 1979. Tampoco deben conceder prórrogas a menos que éstas se presenten dentro del término establecido en las reglas, vengan acompañadas de una adecuada justificación, el tribunal determine que al concederla no se causará perjuicio a la otra parte o una indebida dilación a la pronta solución de la controversia y que su concesión sea necesaria para lograr la justa solución de la contienda judicial. También, de ordinario, este Tribunal no intervendrá con el ejercicio de la discreción de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial. Somos conscientes de la difícil tarea que confron-
En el caso de autos, la parte demandante sometió al codemandado Romero Zambrana un segundo pliego de interrogatorios pasado el término concedido por el tribunal para el descubrimiento. El tribunal entendió que simplemente porque el interrogatorio se había sometido fuera de término, sin haberse solicitado prórroga ni justificado la tardanza, no se debía permitir. No tomó en consideración la posibilidad de que el interrogatorio pudiera ser secuela del descubrimiento iniciado dentro del término concedido por el tribunal. El plazo provisto en la Regla 23.4 o en cualquier orden que sobre el particular emita el tribunal, no aplica al descubrimiento que sea secuela de un requerimiento iniciado dentro de este término, a menos que el tribunal específicamente provea lo contrario. Exigir la presentación de una moción de prórroga para poder llevar a cabo cualquier descubrimiento pasado el término establecido por la Regla 23.4 o por una orden del tribunal, sólo contribuiría a incrementar el número de asuntos que los jueces de instancia vienen llamados a resolver, sin que en nada se contribuya a la solución justa, rápida y económica de las controversias. Además, esto contravendría el esquema de extrajudicialidad en la utilización de los mecanismos de descubrimiento provisto por las Reglas de Procedimiento Civil y la norma jurisprudencial que propugna el fomento de la más amplia y liberal utilización de estos mecanismos.
De otra parte, si se trata de un interrogatorio sometido fuera de término que no es secuela del descubrimiento de prueba iniciado en tiempo, le corresponde a la parte que interesa el nuevo descubrimiento solicitar permiso al tribunal y justificar tanto la razón por la cual no inició el mismo dentro del término establecido por las reglas o por orden del tribunal, como la razón para no haber solicitado la prórroga dentro de dicho término. (
En el caso de autos el codemandado Romero Zambrana tenía que demostrar que el segundo pliego de interrogatorios no era secuela del primero y que el permitirlo causaría de-mora o perjuicio a alguna parte. Como cuestión de hecho, cuando se denegó el descubrimiento de prueba, el tribunal acababa de aceptar una demanda enmendada y los otros co-demandados aún no habían contestado el interrogatorio de los demandantes. Bajo estas circunstancias, ciertamente, en cuanto a las nuevas alegaciones en la demanda enmendada y las contestaciones que éstas generaron no había comenzado aún a correr el término para realizar el descubrimiento de prueba bajo la Regla 23.4 y en cuanto a un descubrimiento que fuese secuela del original tampoco se puede decir que es-taba fuera de término.
II
Sanciones interlocutorias a las partes — Regla ¿4.2
La Regla 44.2 de las de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. Ill, R. 44.2) es también autóctona. Establece en su parte pertinente que el tribunal, en el ejercicio de su sana discreción, podrá imponer sanciones económicas “en cualquier etapa [del procedimiento] a una parte y a favor del Estado por conducta constitutiva de demora, inacción, abandono, obstrucción o falta de diligencia, en perjuicio de la eficiente administración de la justicia”. (Énfasis suplido.) El propósito de esta regla es proveer al tribunal un instrumento
No merece otro calificativo que azarosa la trayectoria pro-cesal que culmina con la orden de 30 de octubre de 1985, en que se impone a la parte demandante una sanción de doscien-tos ($200) dólares por no haber contestado un pliego de in-terrogatorios que le sometieran las codemandadas Texaco y American el 28 de enero de 1985. (
Una vez el tribunal concedió, al amparo de la Regla 22.1 (32 L.P.R.A. Ap. III, R. 22.1), la sustitución del codemandante Francisco Lluch por su sucesión, ésta advino a ocupar la misma posición con relación a la causa de acción que el codemandante sustituido. Procesalmente era su obligación contestar el interrogatorio que se le había sometido originalmente a la parte sustituida. Cuevas Segarra, op. cit, Cap. IV, pág. 119. De ordinario no intervendremos con el ejercicio de discreción de los tribunales de instancia al imponer sanciones por incumplimiento a sus órdenes. Sin embargo, en este caso
No obstante, instamos a los tribunales de instancia a que, en aquellos casos apropiados, utilicen efectiva y vigorosamente todos los remedios provistos en nuestro ordenamiento procesal para agilizar los trámites judiciales. Véase Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 P.R. Dec. 494" court="None" date_filed="1982-10-29" href="https://app.midpage.ai/document/maldonado-ortiz-v-soltero-harrington-8561840?utm_source=webapp" opinion_id="8561840">113 D.P.R. 494, 498 (1982). Nuestras reglas contienen una rica gama de recursos encaminados a hacer efectivo su principio rector de resolver las controversias de forma justa, rápida y económica. Este Tribunal estará alerta y vigilante para hacer cumplir esta vital norma, eje central del debido proceso de ley.
H — I HH h-H
Renuncia de representación profesional
El Canon 20 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 20, dispone que “ [c] uando [un] abogado haya comparecido ante un tribunal en representación de un cliente no puede ni debe renunciar la representación profesional de su cliente sin obtener primero permiso del tribunal”. (Énfa-sis suplido.) La Regla 12.3 de las Reglas para la Administra-ción del Tribunal de Primera Instancia del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap. II-A, R. 12.3, a su vez requiere que el abogado al presentar una moción para que se le acepte la renuncia de representación profesional incluya en
Un abogado que asume la representación legal de una persona y comparece ante un tribunal para reclamar o defender algún derecho de su cliente, no puede ni debe renunciar a esta responsabilidad sin antes obtener permiso del tribunal. En el ejercicio de su gestión profesional debe en todo momento, y hasta que sea formalmente relevado de su responsabilidad por el tribunal, desplegar el más alto grado de competencia y diligencia posible. In re Siverio Orta, 117 P.R. Dec. 14" court="None" date_filed="1986-02-13" href="https://app.midpage.ai/document/in-re-siverio-orta-8562264?utm_source=webapp" opinion_id="8562264">117 D.P.R. 14 (1986); Matos v. Metropolitan Marble Corp., supra.
Recientemente recalcamos que la responsabilidad dual del abogado, para con su cliente y para con los tribunales, genera deberes que trascienden una relación puramente privada entre el abogado y el cliente. En In re Siverio Orta, supra, págs. 18-19, dijimos:
La función de los abogados como uno de los componentes esenciales del sistema adversativo de impartir justicia, como oficiales del tribunal, está revestida de gran interés público y genera obligaciones y responsabilidades duales para con su cliente y para con el tribunal en la administración de la justicia. Esto les impone el deber de asegurarse que sus ac-tuaciones en todos los casos en que intervienen estén enca-minadas a lograr que las controversias se resuelvan de una manera justa, rápida y económica. Regla 1 de las de Pro-cedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, R. 1. Para el adecuado funcionamiento del Sistema Judicial es indispensable que los abogados cumplan fiel y cabalmente con estas obligacio-nes. Recientemente expresamos: “La misión de los abogados en la sociedad es altamente noble, pues están llamados a auxi-liar a la recta administración de justicia. En ellos confían, no sólo las partes interesadas en los pleitos, sino las cortes*753 mismas.” In re Boscio Monllor, 116 P.R. Dec. 692" court="None" date_filed="1985-12-02" href="https://app.midpage.ai/document/in-re-boscio-monllor-8562229?utm_source=webapp" opinion_id="8562229">116 D.P.R. 692, 698 (1985); In re Díaz, 16 D.P.R. 82, 92 (1910).
La conducta del licenciado Blanco Matos al no cumplir con la Regla 12.3 de las Reglas para la Administración del Tribunal de Primera Instancia y con la orden del tribunal que específicamente le requería informar la dirección de su cliente(
Tomando en consideración las circunstancias antes reseñadas y el hecho de que su proceder no se debió a incompetencia o desidia, sólo amonestamos al licenciado Blanco Matos y le advertimos que en el futuro este Tribunal no tolerará este tipo de conducta. Nos preocupa que en su gestión profesional ante los tribunales los abogados no cobren plena
Por las razones antes expuestas, se dictará sentencia en la que se expide el auto de certiorari, se revoca la orden de 30 de octubre de 1985, y se devuelve el caso para que continúen los procedimientos de forma compatible con esta opinión.
(1) Este problema ha generado numerosos esfuerzos para corregirlo y ha dado lugar a innumerables estudios. Véanse, entre otros, Consejo sobre la Reforma de la Justicia en Puerto Rico, Informe del Comité sobre Normas y Objetivos para Acelerar el Trámite de Casos en el Tribunal de Primera Instancia, diciembre de 1984; Comisión para el Estudio de los Tribunales, Estudio sobre la demora en el movimiento de casos en el Tribunal Superior, San Juan, 1980; Vista Preliminar, Informe del Secretariado de la Con-
(2) E1 Sr. Francisco Lluch y su esposa, María Teresa Vega de Lluch, presentaron en el Tribunal Superior, Sala de San Juan, una demanda en que reclamaban daños y perjuicios alegadamente causados por el estallido de una estación de gasolina Texaco ubicada en la Ave. Fernández Juncos, a un edificio de su propiedad, donde éstos mantenían su hogar y un espacio comercial. La demanda se presentó contra la España Service Station, Texaco de Puerto Rico, Inc. (en adelante Texaco), su compañía de seguros, la American International Insurance Co. of Puerto Rico, Inc. (en adelante American), el Sr. Arcadio Romero Zambrana y la Corporación Insular de Seguros (en adelante Insular).
(3)De acuerdo con el aviso sobre este plan “[é]stosignifica que ... el tribunal tomará parte más activa en el procesamiento del caso, con el pro-pósito de conseguir que su trámite se efectúe dentro de los términos fijados por el tribunal, conforme lo disponen las Reglas de Procedimiento Civil y las Reglas de Administración para el Tribunal de Primera Instancia”. '
(4) La representación legal de Texaco y American y la de Romero Zambrana e Insular solicitaron prórrogas para contestar, ambas basadas en escuetas aseveraciones sobre la necesidad de investigar y estudiar el asunto. Ambas fueron concedidas. American y Texaco contestaron el 6 de diciembre de 1984, mientras que Insular y Romero Zambrana lo hicieron el 24 de enero de 1985.
(5) En su comparecencia de 22 de enero de 1985 ante este Tribunal el licenciado Blanco Matos informa que el hijo de los demandantes, el Sr. Francisco Lluch Vega, a nombre suyo y de sus padres le solicitó la renuncia y que él le “entregó los expedientes y le explicó el status de cada asunto”.
(6)Las codemandadas Texaco y American e Insular solicitaron pró-rroga alegando como justificación escuetamente que necesitaban el término para completar la investigación y así poder contestar adecuadamente el interrogatorio. En la moción de las codemandadas Texaco y American se aduce como razón adicional, que la representación de la codemandada Texaco le fue encomendada conjuntamente a los abogados que representan a las codemandadas Texaco y American y a los abogados que representan a Insular, y que esto ocasionaba más dilación porque era “necesario que los abogados [discutieran] entre sí quién [habría] de llevar la defensa del caso a nombre de Texaco Puerto Rico, Inc. y contestar los interrogatorios que le [habían] sido notificados”.
(7) La Regla 8.4(a), 32 L.P.R.A. Ap. Ill, R. 8.4(a), dispone:
“La petición para que se expida una orden se hará mediante moción, la cual, a menos que se haga durante vista o juicio, se hará por escrito, haciendo constar con particularidad los fundamentos legales y argumentos en que se basa, y exponiendo el remedio u orden que se interesa. Deberá, además, venir acompañada de cualquier documento o afidávit que sea nece-sario para su resolución.
“Cualquier parte que se oponga a una moción deberá radicar su opo-sición fundamentada dentro de los diez (10) días siguientes a ser notificado de la moción. Dicha oposición deberá ser acompañada de cualquier docu-mento o afidávit necesario para su resolución. Si no se radicase oposición dentro de dicho término de diez (10) días, la moción se entenderá sometida, a menos que antes de vencer dichos diez (10) días el opositor solicitase una prórroga de dicho término y el tribunal se la concediese.
“Toda moción se considerará sometida para resolución sin celebración de vista a menos que el tribunal motu proprio, o a solicitud de parte, re-suelva a su discreción señalarla para vista. Esta regla no será aplicable a aquellas mociones que por disposición de ley y estas reglas requieran la celebración de una vista.”
(8) Orden de 9 de octubre de 1985.
(9)La Regla 34.6 de las anteriores Reglas de Procedimiento Civil leía como sigue:
“Los mecanismos de descubrimiento de prueba establecidos y regulados en las Reglas 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, y 33 sólo podrán ser ini-ciados y utilizados por las partes dentro del término de sesenta (60) días computados desde la fecha de notificación de la contestación a la demanda, salvo que el tribunal discrecionalmente, a solicitud de parte, y por motivos justificados no atribuibles al descuido o indiferencia de la parte solicitante de la prórroga o su abogado, y bajo las condiciones que estimare justas, pro-rrogare dicho término.
“En reconvenciones, reclamaciones contra tercero, demandas contra coparte, el término se computará a partir de formularse contestación a las mismas. El tribunal, discrecionalmente y por motivos fundados, podrá acor-tar o prorrogar dicho término bajo las condiciones que estime justas y garanticen una pronta solución de las controversias.”
(10) Aproximadamente cuatro (4) años más tarde, en 1978, el Comité sobre Procedimiento Civil de la Conferencia Judicial de Puerto Rico (en adelante comité) expresó de forma “unánime y enfátic[a] . . . que este tér-mino no ha[bía] dado los resultados esperados y que crea[ba] confusiones y . . . controversias ... [y que] ha habido ocasiones injustas en que se ha limitado indebidamente [eZ] término . . . sin que se justificase”. (Énfasis suplido.) A. Picó, “Ponencia sobre el Informe del Comité de Procedimiento Civil, Memorias de la Quinta Sesión Plenaria de la Conferencia Judicial del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 13, 14 y 15 de diciembre de 1978, pág. 99. Sobre los términos establecidos en las Reglas de Procedimiento Civil de 1979 en el Informe del Comité sobre Normas y Objetivos, op. cit., pág. 99, se hizo la siguiente observación:
“[s]e han efectuado estudios, aunque limitados a ciertas áreas, sobre el efecto que los cambios introducidos han tenido en la aceleración o en la dila-ción en resolver los casos. Los resultados no son halagadores. La experien-cia, además, parece inducirnos a confirmar que el efecto ha sido negativo. En lugar de contribuir a una más pronta disposición de los casos, la am-pliación de los términos ha conllevado un mayor retraso.”
A la luz de esta realidad empírica en el Informe sometido por el Co-mité sobre Procedimiento Civil de la Conferencia Judicial de Puerto Rico según Revisado por el Secretariado de la Conferencia Judicial (en ade-lante informe), se recomendó que en la propuesta Regla 23.4 se eliminase el término de sesenta (60) días y se reiterase específicamente el reconoci-miento de la flexibilidad que tiene el tribunal para entender en los problemas que surgen en la etapa del descubrimiento de prueba. Sin embargo, a pesar de la experiencia señalada y de la recomendación del comité en el informe, en una nota al calce se hace la siguiente observación: “En el Informe de revisión del borrador de Reglas de Procedimiento Civil se sugiere [que] se mantenga el término de 60 días y se recomienda una redacción más clara de la Regla 34.6 vigente.” Informe sometido por el Comité sobre Procedimiento Civil de la Conferencia Judicial, op. cit., pág. 71.
(11) Siguiendo este mismo enfoque en la Regla 26 (32 L.P.R.A. Ap. Ill, R. 26) se dispuso que las partes podrán acordar que el procedimiento para cualquier método de descubrimiento puede ser modificado por acuerdo de las partes. Esta Regla “contempla la posibilidad de estipulaciones para todo tipo de descubrimiento y no sólo para las deposiciones” según la dis-ponía la anterior Regla 26. Comentario a la Regla 26 de las Reglas de Pro-cedimiento Civil de 1979.
(12) Este caso es un ejemplo más de los perjuicios que causa a todo el sistema judicial el que el juez no tome medidas de control en una etapa temprana de los procedimientos. En un caso como el de autos, donde exis-ten controversias —de hecho y de derecho— complejas, grandes reclama-ciones en daños, y varias partes, el tribunal, a instancias de una de las partes o motu proprio debe citar a una o varias conferencias conforme a la Regla 37.1 (32 L.P.R.A. Ap. Ill, R. 37.1), y tomar las medidas cautelares que sugiere esa regla. Las estipulaciones de hechos que se puedan hacer en esta etapa temprana, la confección de un calendario y programa para regir el descubrimiento de prueba, acuerdos sobre posibles enmiendas a las ale-gaciones y las demás providencias de la Regla 37.1 habrían evitado en gran medida los problemas procesales suscitados y el consiguiente retraso cau-sado, además de simplificar los procedimientos posteriores. Hon. G. Arbona Lago, El “status” sí está en “issue”: La conferencia sobre el estado del caso en el Procedimiento Civil, 1 Forum 28 (oct.-dic. 1985); Informe del Comité sobre Normas y Objetivos, op. cit., pág. 71 y ss.; Nuevos Enfoques en la Administración Judicial, op. cit., págs. 37-38, 53 y ss.
(13) A1 amparo de la Regla 68.2, la extensión del término podrá solici-tarse aun pasado el término, mediante moción que exponga de modo afirma-tivo y específico la razón justificativa para la tardanza y para que se con-ceda el descubrimiento. Lugo v. Municipio de Bayamón, 111 P.R. Dec. 679" court="None" date_filed="1981-11-03" href="https://app.midpage.ai/document/lugo-rodríguez-v-municipio-de-bayamón-8561640?utm_source=webapp" opinion_id="8561640">111 D.P.R. 679 (1981); Banco Metropolitano v. Berrios, 110 P.R. Dec. 721" court="None" date_filed="1981-02-23" href="https://app.midpage.ai/document/banco-metropolitano-de-bayamón-v-berríos-marcano-8561532?utm_source=webapp" opinion_id="8561532">110 D.P.R. 721 (1981).
(14) Este interrogatorio se envió a los demandantes por conducto del licenciado Blanco Matos cuando éste ya había presentado su renuncia, pero antes de que el tribunal la hubiese aceptado. Los propios demandantes ad-miten que desconocen si el ya fenecido demandante Francisco Lluch obtuvo estos documentos. Sobre este particular en la moción de 3 de junio de 1985 titulada “Moción Solicitando se Deje Sin Efecto Sanción” los demandantes informaron lo siguiente al tribunal: “Desconocemos si el Ledo. Luis N. Blanco Matos informó al codemandante Francisco Lluch de esos interroga-torios y ya no lo podemos comprobar.”
El 25 de febrero de 1985 las codemandadas Texaco y American solici-taron que se ordenara a los demandantes contestar el interrogatorio “bajo apercibimiento de sanciones”. El 4 de marzo el tribunal le concedió veinte (20) días a los demandantes para contestar el interrogatorio y los apercibió que la falta de cumplimiento llevaría consigo la aplicación de una sanción. El 12 de abril las codemandadas nuevamente se vieron obligadas a recurrir al tribunal, esta vez para solicitar que se desestimase la demanda por no haberse contestado el interrogatorio. El 8 de mayo el tribunal dictó una orden que le imponía una sanción de ciento cincuenta dólares ($150) al amparo de la Regla 44.2, por no haber contestado él interrogatorio. Todas estas órdenes y mociones se notificaron al licenciado Blanco Matos, quien aún era abogado de récord, a la dirección que constaba en el expediente.
Así las cosas, cuatro meses después de que se entregara el expediente del caso al Sr. Francisco Lluch Vega, el 11 de junio de 1985, compareció la nueva representación legal de los demandantes. Presentó varias mociones, entre ellas, una para solicitar la sustitución de la sucesión del Sr. Francisco Lluch y otra para que se dejase sin efecto la sanción. En el cuerpo de esta
Así las cosas, no es hasta prácticamente cuatro (4) meses más tarde que vuelve a resurgir el problema, cuando las codemandadas Texaco y American presentan una segunda moción de desestimación en la cual no hi-cieron mención de la orden para mostrar causa. Sin que hubiesen transcu-rrido aún los diez (10) días que concede la Regla 8.4(a) para que los de-mandantes se opusieran, el tribunal dictó una orden que les imponía una sanción de mil dólares ($1.000), concedía un término de diez (10) días para contestar y apercibía a los demandantes que de no cumplir se eliminarían las alegaciones y desestimaría la demanda. Ese mismo día los demandantes presentaron una oposición a la segunda moción de desestimación. Final-mente, el 28 de octubre de 1985, exactamente nueve (9) meses después de haber sido enviados, la codemandante Vega de Lluch contestó el interroga-torio y el SO de octubre el tribunal rebajó la sanción a doscientos dólares ($200).
(15) La confusión la causaron las actuaciones tanto de las partes como del tribunal. Las partes al presentar varias mociones relacionadas con este asunto en las cuales en la súplica no solicitaban remedios específicos, sino que se limitaban a pedir que se declarase con lugar la moción o que se re-solviese lo que el tribunal estimase pertinente, tomando en consideración lo expuesto en la moción. El tribunal, por su parte, contribuyó a la confusión al resolver estas mociones escuetamente a base de la súplica.
(16) Orden de 14 de febrero de 1985:
“Informe dirección de su representado en los próximos 10 días y se proveerá.”
(17) En su comparecencia ante este Tribunal el licenciado Blanco Matos adujo como excusa que esta información aparecía en las primeras dos ale-gaciones de la demanda:
“1. Los demandantes son dueños en pleno dominio de un edificio de tres plantas localizado en el número 1259 de la' Avenida Fernández Juncos en Santurce, Puerto Rico.
“2. En dicho edificio los demandantes mantienen su hogar y un espa-cio comercial.”
(18)Para una crítica sobre este tema véase R. J. Torres Torres, Como la Mujer del César, 2 Forum 24 (enero-marzo 1986).