113 P.R. Dec. 106 | Supreme Court of Puerto Rico | 1982
emitió la opinión del Tribunal.
Tres marineros oriundos de Jamaica fueron acusados conjuntamente de violar la Ley de Sustancias Controladas. Un solo abogado asumió su defensa. Alegan que no tuvieron la representación legal adecuada que garantizan tanto la Constitución de los Estados Unidos como la de Puerto Rico. Sostienen que sus defensas, por ser incompatibles, no podía asumirlas un solo abogado.
Expondremos los hechos.
Un delincuente habitual fue arrestado y acusado de vio-lar la Ley de Sustancias Controladas. Inquirido por la Po-licía sobre información relacionada con la introducción de drogas por los barcos de turistas, convino cooperar a cambio de que lo consideraran en el caso por el cual había sido arrestado. Informó a la Policía de un barco de turistas que arribaría a puerto el 13 de marzo de 1979. Arreglaron para proporcionarle un automóvil en el que se trasladaría al muelle a recibir el contrabando.
El día señalado para la llegada del barco el confidente estacionó el vehículo que se le suministró cerca de donde estaba atracada la embarcación. La Policía se apostó cerca para observar la entrega. Observaron cuando descendieron del barco dos marineros que resultaron ser Basil Gordon y Renford Crossman. Entraron al vehículo y dejaron allí unos paquetes. Gordon regresó al barco y volvió con Fitzroy Curate. Entraron al carro para deshacerse de los paquetes. Luego el confidente cambió los paquetes al baúl.
Cuando concluyó la operación el confidente hizo la señal convenida con la Policía. La Policía se acercó y el confidente se alejó. Fueron arrestados los tres marinos y se ocupó el contrabando, que resultó ser marihuana.
La defensa presentó tres testigos. Dos agentes que nada aportaron. El otro lo fue uno de los acusados, Basil Gordon, «nien a todos los efectos admitió los hechos para tratar de
El debido proceso de ley garantiza a todo acusado asistencia legal adecuada. Ex Parte Hernández Laureano, 54 D.P.R. 416 (1939); Cuyler v. Sullivan, 446 U.S. 335-343 (1980); Powell v. Alabama, 287 U.S. 45, 71 (1932); Johnson v. Zerbst, 304 U.S. 458 (1938). Tan fundamental se considera el derecho de un acusado a estar bien asistido de abogado, que la violación de ese derecho a falta de renuncia, sin más, conlleva la revocación de la sentencia condenatoria. Chapman v. California, 386 U.S. 18, 23 (1967).
¿Gozan de adecuada defensa unos coacusados juzgados conjuntamente y representados por un solo abogado? Como ocurre siempre, no hay una contestación absoluta a esta interrogante.
Es claro que cuando varios acusados son juzgados con-juntamente, en algún momento pueden surgir o no conflic-tos en su defensa. Éstos pueden aparecer aun antes de comenzar el juicio, en la etapa del plea bargaining, ya que si uno de los acusados se declara culpable por un delito menor a cambio de cooperación con el fiscal, afecta la defensa del otro acusado. También pueden aparecer, por ejemplo, cuando los acusados tienen defensas incompatibles entre sí; cuando uno de los acusados opta por declarar en su defensa implicando a uno o más de los otros acusados, ya que el abo-gado está en los cuernos de un dilema, pues si contrainte-rroga a su propio testigo, puede afectar su defensa y si no lo hace afecta la de los coacusados; o cuando el abogado informa al jurado por qué puede hacer hincapié en la debi-lidad de la prueba presentada en contra de uno de sus
El hecho de que un solo abogado represente a más de un coacusado presenta serios problemas en relación con la garantía constitucional de una adecuada representación. Si surge un conflicto entre la defensa de uno y otros, se vulnera la garantía. Cuyler v. Sullivan, antes; Camera v. Fogg, 658 F.2d 80 (1981); Holloway v. Arkansas, 435 U.S. 475 (1978); United States v. Alvarez, 580 F.2d 1251, 1258 (1978); G. T. Lowenthal, Joint Representation in Criminal Cases: A Critical Appraisal, 64 Va. L. Rev. 939 (1978); J. S. Geer, Representation of Multiple Criminal Defendants: Conflicts of Interest and the Professional Responsibilities of the Defense Attorney, 62 Minn. L. Rev. 119 (1978); Note, Developments in the Law — Conflicts of Interest in the Legal Profession, 94 Harv. L. Rev. 1244, 1384-1395 (1981); Note, Conflict of Interests in Criminal Proceedings, 23 Ark. L. Rev. 250 (1969); H. Van Hoey, Conflict of Interests in Multiple Representation of Criminal Co-Defendants, 68 J. Crim. L. & C. 226 (1977); Note, Criminal Codefendants and the Sixth Amendment: The Case for Separate Counsel, 58 Geo. L.J. 369 (1969).
La tendencia vigente es al efecto de que el juez que preside la vista en casos en que un abogado asume la represen-tación de dos o más acusados tiene la obligación de hacerle saber a éstos los riesgos que corren e inquirir si han discu-tido la cuestión con el abogado. La Corte de Apelaciones para el Primer Circuito expone la cuestión con suma cla-ridad en United States v. Foster, 469 F.2d 1 (1972):
El tribunal de instancia tiene el deber de informarles cuanto antes a los acusados de los riesgos que conlleva el ser repre-sentados por un mismo abogado, para asegurarse que los acu-sados están conscientes de dichos riesgos, y de manera dili-gente debe investigar si los acusados han examinado con su*110 abogado los riesgos que su representación conjunta conlleva, y si comprenden que tienen derecho a representación legal individual, designada por el tribunal y por la cual el gobierno asumirá los honorarios.
Ver además, United States v. Donahue, 560 F.2d 1039 (1977); United States v. Waldman, 579 F.2d 649 (1978).
La Corte de Apelaciones para el Segundo Circuito va más lejos al expresar en Colon v. Fogg, 603 F.2d 403, 407 (1979):
Para asegurarle a una persona defendida conjuntamente con otra, que está recibiendo la representación legal ade-cuada garantizada por la Sexta Enmienda, el juez de instan-cia tiene la obligación de explorar personalmente junto al coacusado el conflicto de intereses potencial inherente a la representación legal conjunta. [Citas.] En exploración es usualmente el único método práctico de averiguar si la repre-sentación legal conjunta podría perjudicar al acusado y, en caso afirmativo, si aun así desea hacer una renuncia cons-ciente de su derecho a tener representación legal indepen-diente. Por estas razones hemos sostenido que en ausencia de esta investigación el peso de la prueba cambia y lo tiene el Estado, quien tiene que probar que los peticionarios no se perjudicaron por la representación legal conjunta. [Citas.] Si el derecho que garantiza al acusado la Sexta Enmienda ha de ser efectivo, este curso de acción está predicado como corola-rio de este derecho constitucional.
La Corte Suprema de los Estados Unidos, en Cuyler, antes citado, sostiene que si el juez que preside el juicio no conoce ni razonablemente puede conocer de la existencia de conflicto por un abogado al asumir la representación dual, no tiene que inquirir sobre la cuestión. Pero una vez se determina que hay conflicto no tiene que demostrarse el perjuicio causado y procede la revocación de la sentencia. Es por eso que expresa que es deseable que el juez que preside inquiera sobre si existe conflicto y apunta que precisamente el Tribunal ha promulgado la Regla 44(c) de las de Procedimiento Criminal que copiamos al mar-gen.
Expuesto el derecho, procede considerar la situación que presenta este caso. Se acusa a tres extranjeros y uno de ellos opta por declarar. En su declaración, con el propósito de establecer la defensa de entrampamiento, relata los hechos exactamente igual a como los estableció la prueba de cargo. Esto es, admite los hechos e implica a los otros dos acusados. El conflicto surge inmediatamente. El abogado defensor no contrainterroga al acusado que declaró, porque
Es oportuno consignar que los casos y los tratadistas al discutir este problema sostienen que en caso de múltiple representación por un abogado, desde el momento mismo en que uno de los acusados declara e implica al otro surge un conflicto que afecta el derecho de los demás acusados a tener adecuada representación legal. United States v. Gaines, 529 F.2d 1038 (1976); United States v. Gougis, 374 F.2d 758 (1967); State v. Davis, 514 P.2d 1025 (1973); Commonwealth v. Russell, 176 A.2d 641 (1962); Lowenthal, op. cih, págs. 946-947.
Lo expresado impone la revocación de las sentencias dictadas contra Curate y Crossman. Por otro lado, la declaración de Basil Gordon a todos los efectos fue una admisión en corte abierta. En forma alguna establece la defensa de entrampment. Fue una persona particular quien le encargó el material delictivo. Aparte de que no se estableció que actuara por encomienda de la Policía, los hechos como los relata no establecen que fue inducido a delinquir en la forma que requiere la defensa que invocó. Ver Pueblo v. Verdejo Meléndez, 88 D.P.R. 207 (1963).
Por las razones antes expuestas se confirmará la senten-cia impuesta a Basil Gordon, se revocarán las impuestas a Fitzroy Curate y Renford Crossman y se ordenará la cele-bración de un nuevo juicio.
Dispone así la Regla 44(b) de las Procedimiento Criminal federal que entró a regir el 1ro de diciembre de 1980:
“Representación conjunta. Siempre que dos o más acusados fueren acusados conjuntamente conforme a la Regla 8(b) o se hayan consolidado sus casos para juicio conforme a la Regla 13, y fueren representados por el mismo abogado con-tratado o designado por el tribunal o contratados por abogados que pertenecen a una misma sociedad legal, el tribunal estará en la obligación de prontamente investigar sobre dicha representación conjunta y debe personalmente informar a cada acusado de su derecho a tener efectiva representación de abogado, incluso representación individual. A menos que haya motivo fundado para creer que no surgirá conflicto de intereses, el tribunal debe tomar cuantas medidas considere apropiadas para proteger el derecho de representación legal de cada acusado.”
Debe aclararse que no hay presunción de conflicto por el hecho de que los abogados sean participantes miembros de la Sociedad para Asistencia Legal o entidad similar, toda vez que tanto su responsabilidad como su actuación son indi-viduales y no están sometidas necesariamente a un criterio corporativo común.
La aplicación de la norma expuesta y sus efectos, necesariamente conlleva un examen de cada caso en particular.