22 P.R. Dec. 633 | Supreme Court of Puerto Rico | 1915
emitió la opinión del tribunal.
Esta es una apelación interpuesta contra la sentencia dic-tada por la Corte de Distrito de San Juan ordenando a Roberto TI. Todd, Alcalde de San Juan, por virtud del auto de mandamus, que restituya en su cargo al Dr. José S. Bela-
Se alega substancialmente en la petición: (1) que José S. Belaval es vecino de San Juan, de profesión médico, y que el demandado Roberto H.'Todd es alcalde de San Juan; (2) que el peticionario es director de los hospitales municipales de San Juan; (3) que el peticionario fué debidamente nom-brado director de los hospitales municipales de San Juan por el demandado .en el mes de septiembre de 1912, y desde esa fecha hasta el día 1 de abril de 1914, fecha en que fué privado de su derecho, desempeñó fielmente los deberes de ese cargo; (4) que el día 28 de abril, 1914, el peticionario recibió una carta firmada por el demandado en su carácter de alcalde de San Juan en la que expresaba que desde aquella fecha y por conveniencias del servicio, cesaba en su empleo de director del hospital municipal el peticionario, entendiéndose que la resolución tendría efecto a partir desde esa misma fecha, y que al mismo tiempo el demandado encargaba al Dr. del Toro para actuar interinamente como director de los Hos-pitales Municipales de San Juan; que el peticionario se negó a hacer entrega de su cargo al Dr. del Toro, fundándose en que la orden de cesantía era ilegal; que con fecha treinta de abril de 1914, el alcalde dirigió xyieva comunicación' al Dr. del Toro y una carta circular a los médicos, superin-tendentes de nurses y demás empleados de los hospitales, para que ellos no reconociesen como director de dichos hos-
En el caso de Ruiz v. del Valle, 17 D. P. R., 686, al cual volveremos a hacer referencia, se sugirió que una destitu-ción por causa política sería una destitución sin justo motivo y en contra del precepto contenido en el artículo 32 de la Ley Municipal según fué enmendada. Por tanto, podría con-siderarse que el peticionario ha alegado una causa de acción al expresar en el párrafo VII de la petición que su des-titución fué motivada por fines políticos. Sin embargo, tanto el peticionario como la corte inferior se fundan en ra-zones más poderosas, o sea, que el peticionario fué destituido
“El alcalde nombrará todos los empleados del municipio cuyos nombramientos no se proveyeren de otro modo en esta ley y que estuvieren autorizados por las asignaciones del presupuesto y deberá ver que cumplan debidamente con sus obligaciones. El alcalde podrá, por justa causa, destituir a todos los funcionarios y empleados nom-brados por él solamente, o nombrados por él con la anuencia y con-sentimiento del concejo municipal; Disponiéndose, sin embargo, que el contador municipal o el secretario municipal en funciones de con-tador no podrá ser destituido sin el consentimiento del concejo municipal después de haber el alcalde formulado cargos por escrito y pre-sentándolos al concejo, y después de haberse dado al contador un período de dos días para presentar al concejo una contestación de dichos cargos por escrito.”
El artículo 32 de la Ley .Municipal, tal como fue enmen-dado por la Ley de marzo 30, 1910, en el cual se funda el peticionario dice lo siguiente:
Generalmente cuando un estatuto confiere a una colecti-vidad o a una persona la facultad para destituir por “causa” o “justa causa,” se considera que esa es una-facultad judicial y el organismo o persona investido de dicha facultad- no debe destituir sin ser notificada y oída la persona que va a ser destituida. McCulley v. State, 46 L. R. A., 571, y auto-ridades citadas. State et al. v. Hitchcock. 16 L. R. A., 413, y autoridades. Hagerty v. Shedd, 75 N. H., 393, 396.
Con sujeción a las prescripciones del estatuto y a la clase de los empleados existe la tendencia en casi todos los Esta-dos de exigir que tenga lugar un procedimiento semejante a un juicio en el cual se da al'funcionario o empleado la opor-tunidad de defenderse y presentar prueba; oportunidad que generalmente debe darse aún cuando la cuestión relativa al peso de la prueba, o si la prueba es suficiente o no esté con-fiada únicamente a la discreción de la junta o persona que destituye ■ al funcionario; en otras palabras, el funcionario
En nuestra misma ley municipal de 1906 puede verse que cuando la Legislatura de Puerto Eico tenía presente un pro-cedimiento semejante al juicio, así lo expresaba específica-mente. En el artículo 32, en el cual se apoya el peticiona-rio, puede observarse que el contador municipal o el secre-tario municipal en funciones de contador solamente podrá ser destituido después de baber el alcalde formulado cargos por escrito al concejo, y después de haberse dado al conta-dor un período de dos días para presentar al concejo una contestación a dichos cargos por escrito. De igual manera en el artículo 20 cuando el concejo municipal investiga car-' gos de cualquier funcionario, se prescribe que se permitirá a los funcionarios comparecer y estar representados por abo-gado; y asimismo en el artículo 35, cuando se trata de la destitución del alcalde mismo habrá de dársele la oportuni-dad de ser oído en su defensa. Por consiguiente, creemos que la intención de la Legislatura de dar a un funcionario un derecho a algo así como el juicio no resulta completamente clara y la duda aumenta por el hecho de que de acuerdo con dicho artículo 32 el alcalde está en la obligación especial de ver que todos los empleados cumplan debidamente cotí sus obligaciones. Sin embargo, de conformidad con las auto-ridades citadas, opinamos que un funcionario tiene derecho a alguna notificación y audiencia.
En el caso de Ruiz v. del Valle, supra, no tuvimos que considerar detenidamente si un peticionario siempre tenía derecho a ser avisado y oído, porque en aquel caso creimos que se habían cumplido debidamente los requisitos respecto al aviso y audiencia del empleado. En dicho caso ya había, sido notificado el empleado una vez anteriormente, fué oído y también se le dió la oportunidad de que abandonara el
Hemos llamado la atención hacia el hecho de que sola-mente podemos tomar en consideración la petición formu- 1 lada en este caso, pues la prueba no ha sido traída a la con-sideración de este tribunal, pero la contestación misma, de ser cierta, no favorecería al apelante, o sea al alcalde en este caso, puesto que el decreto contenido en dicha contestación era de déstitución aun cuando en él se determinara una causa o causas. Además, la corte en su opinión se negó a consi-derar la prueba de causa suficiente por haber estimado que el peticionario jamás fué notificado de los cargos ni oído 1 en' su defensa.
En este caso la parte apelante sostiene que este tribunal no debe entrar a resolver la cuestión envuelta en este pleito por resultar académica debido al hecho de que el mandamus librado por el juez de distrito sería imposible de cum-plir por haber cesado en el desempeño de sus funciones por ministerio de la ley el alcalde que nombró al peticionario, y con él todos los funcionarios por él nombrados.
Tendría razón el apelante si se nos hubiere demostrado que la cuestión a resolver en el presente caso había llegado a ser puramente académica. No ha sido así. El derecho del demandante a ser repuesto en el cargo puede originarle derechos a cuya privación tiende la destitución, y por tanto no es jiisto dejar de resolver el caso por sus méritos.
Confirmada la sentencia apelada.