Hernandez Castrodad, Jose E v. E L a De Pr, KLAN202200832

Demandante (Fideicomiso Hernández Castrodad, representado por su fiduciario José E. Hernández Castro) alquiló un local en Angora Office Park, Caguas, donde el Departamento de Justicia ubicó las oficinas del Registro de la Propiedad.
Contrato inicial vigente del 2 de julio de 2012 al 30 de junio de 2017; las partes negociaron renovación y en junio de 2018 suscribieron un contrato por un año, pero Justicia sólo ocupó seis meses y luego se mudó.
La reclamación del demandante se centró en el periodo 1 de julio de 2017 a 10 de julio de 2018, alegando que Justicia permaneció en el local sin pagar renta durante ese tiempo.
El Estado sostuvo que no existió contrato escrito válido para ese periodo y, por tanto, no cabía obligación de pago conforme a las normas de contratación gubernamental; hubo mociones de desestimación y de sentencia sumaria.
El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria resolviendo a favor del Estado (15 de septiembre de 2022). El demandante apeló alegando, entre otros, que la permanencia constituyó una incautación física y que correspondía compensación basada en el canon del contrato de 2018.
El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia: no existió contrato escrito válido para el periodo reclamado (impidiendo pago) y la ocupación fue tolerada y temporal, no constituyendo una incautación que obligue a compensación.

Issue	Plaintiff's Argument	Defendant's Argument	Held
¿Puede Hernández cobrar cánones por julio 2017–julio 2018 sin contrato escrito?	Sí; Justicia ocupó sin pagar y debe renta/cmp.	No; falta contrato escrito válido que autorice desembolso público.	No procede cobro: no hubo contrato escrito; normas de contratación gubernamental impiden obligación retroactiva.
¿Constituyó la ocupación una incautación física (taking) que exige justa compensación?	Sí; permanencia sin renta y engaño privó al dueño del uso y exclusión.	No; la ocupación fue temporal y tolerada, no privó permanentemente del uso ni fue permanente.	No hubo incautación: falta ocupación física permanente o privación total del uso; no corresponde compensación.
¿Es válida la contratación retroactiva para obligar al Estado a pagar?	Debe aplicarse el canon pactado en 2018 como referencia para valorar renta.	La contratación retroactiva está prohibida por política pública y jurisprudencia; no puede obligar pago.	No se permite contratación retroactiva; permitirla vulneraría controles presupuestarios y de contratación.
¿Fue procedente la sentencia sumaria?	Existían hechos de engaño, credibilidad e intencionalidad que impedían resolución sumaria.	Los hechos materiales no están en controversia y derecho aplicable favorece al Estado; procede sentencia sumaria.	Sí: hechos materiales no controvertidos y, aplicado el derecho, la sentencia sumaria fue correcta.

Ocasio v. Alcade Mun. de Maunabo, 121 D.P.R. 37 (requirement that government contracts be in writing)
ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, 183 D.P.R. 530 (rejecting retroactive municipal contracting)
Jaap Corp. v. Depto. Estado, 187 D.P.R. 730 (limits on retroactive contracting and controls over public funds)
Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., 143 D.P.R. 935 (standards for governmental takings and compensation)
Amador Roberts v. E.L.A., 191 D.P.R. 268 (inverse condemnation and proof of state occupation)
Torres Marrero v. Alcaldesa Ponce, 199 D.P.R. 493 (requirements to establish a de facto taking)
Loretto v. Teleprompter Manhattan CATV Corp., 458 U.S. 419 (physical occupation constitutes per se taking)